Accidente de la A-7: Inspector de Trabajo tilda de “insuficiente” el plan de seguridad de la cimbra siniestrada en 2005


El inspector de Trabajo Ángel Martín-Lagos, que elaboró un informe tras el accidente en el viaducto que se construía en el tramo La Herradura-Taramay en la A-7, ha señalado este lunes que tanto el plan como el estudio de seguridad de la cimbra siniestrada el 7 de noviembre de 2005 eran “insuficientes” y que también era escasa la información relativa al mantenimiento de la estructura recogida en el manual de instrucciones.

Así lo ha dicho Martín-Lagos en la cuarta sesión del juicio que se celebra desde el pasado 1 de febrero en la Sala de Vistas número 3 del Palacio de Justicia de Motril (Granada), donde ha declarado en calidad de perito que, aunque las medidas de seguridad en la obra eran las adecuadas, según los informes de la propia Comisión que abrió el Ministerio de Fomento, el accidente se produjo por un fallo en las uniones atornilladas y en las soldaduras.

De hecho, ha resaltado que el propio estudio de seguridad que aprobó el Ministerio de Fomento era “insuficiente”, como también lo era el plan de seguridad elaborado por la UTE La Herradura, que encargó la obra a Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A., que a su vez subcontrató algunos trabajos a la mercantil portuguesa Douro Montemuro.

El plan, según ha dicho, no hacía mención alguna a la cimbra, que sostenía provisionalmente el peso del viaducto en construcción, ni a ningún tipo de medidas de mantenimiento, uso y conservación de la misma, que sí que se recogía en el manual de instrucciones pero también de manera muy escasa, puesto que no obligaba a hacer controles más que en la carga y descarga de la estructura, y no durante el avance, lo que en su opinión, debe ser necesario porque ésta se somete en esas operaciones a “cargas y torsiones”.

Ha reconocido sin embargo que en la cimbra trabajaba el personal adecuado por su experiencia, y que la propia empresa, Estructuras, hacía más revisiones de las estipuladas, si bien ha reprochado que no todas ellas fueran reflejadas por escrito, han informado a Europa Press fuentes del caso.

En la sesión de este lunes ha declarado también un joven obrero que trabajaba en el viaducto cuando éste se desplomó y que resultó herido a consecuencia del accidente, y la técnico de seguridad de UGT, Trinidad Franco Polo, que ha señalado que sólo realizó una visita a aquella obra el 20 de septiembre de 2005 y que sólo detectó algunas deficiencias que después fueron subsanadas.

Las sesiones continuarán el próximo miércoles con la declaración de los peritos que realizaron un informe sobre el accidente, que costó la vida a seis trabajadores, por encargo del Juzgado de Instrucción. Las conclusiones de las acusaciones se expondrán el día 27, después de que una de las defensas haya renunciado a la práctica de una prueba pericial. El juicio concluirá previsiblemente el 29 de febrero, cuando quedará visto para sentencia.

En la primera jornada, que arrancó el pasado 1 de febrero, declararon los once procesados, entre los que se encuentran el ingeniero director del proyecto La Herradura-Taramay, Pablo Jiménez, o el que fuera coordinador de seguridad de la obra, Juan Mena Delfa, ambos designados por el Ministerio de Fomento. Todos coincidieron en destacar lo “imprevisible” del siniestro puesto que, según aseguraron, todas las revisiones pertinentes a la maquinaria, incluida la autocimbra desplomada, estaban “al día”.

Las obras fueron promovidas por Fomento y adjudicadas a la UTE La Herradura, que suscribió con la empresa Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A. un contrato de ejecución de obras para la realización de los trabajos de los viaductos de hormigón en el tramo de autovía adjudicado y a su vez la empresa contratista subcontrató con la mercantil portuguesa Douro Montemuro diversas unidades de obra. Para la realización del viaducto Río Verde que se desplomó se hizo uso de una ‘autocimbra’ para la ejecución de los tableros que constituirán en su día las calzadas de la autovía. El fabricante de la ‘autocimbra’ es ‘Puentes y Calzadas’, líder del grupo empresarial al que pertenece Estructuras y Montajes.

Además de los mencionados, están imputados en la causa el representante legal, el jefe de obra y la técnico de seguridad de la UTE La Herradura, J.M.F.T., J.A.S.C. y A.I.D.P.; el representante legal, el técnico en prevención de riesgos laborales, el jefe de obra, el encargado y el capataz de Estructuras y Montajes Prefabricados, C.S.S, J.L.R.H., E.C.T.M. J.M.O.C. y M.C.M.; y el representante legal de la empresa Puentes y Calzadas , J.M.L.M.
PETICIÓN DE LA FISCALÍA Y LAS ACUSACIONES

La Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de cárcel para los once imputados. Diez de los once acusados, entre ellos el ingeniero director del proyecto, se enfrentan a una condena por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión se enfrentan a inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.

Para M.C.M., capataz de la empresa ‘Estructuras y Montajes Prefabricados’, el Ministerio Público solicita tres años y seis meses de prisión, puesto que no se le imputa el primero de los delitos mencionados.

El sindicato UGT, personado como acusación popular, pide un total de 52,5 años de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para diez imputados. Los acusa concretamente de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo, por el que además solicita una multa de 144.000 euros.

CCOO, también acción popular, ha solicitado 288 años de cárcel para los imputados por la posible comisión de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad y la salud laboral. Además, pide para cada uno de ellos 21 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, así como 86.400 euros de multa.

Fue el 7 de noviembre de 2005, sobre las 15,30 horas, cuando se produjo la caída de la autocimbra desde una altura de unos 67 metros aproximadamente, siniestro que produjo el fallecimiento de seis personas y lesiones de diversa consideración en otras cinco.

Ese día se produjo una avería en uno de los cables eléctricos del sistema de accionamiento para el desplazamiento de la autocimbra, y, a pesar de ello, los trabajadores permanecieron sobre el mecanismo, que no se desalojó, durante las labores de reparación. Después de una media hora desde que se registró el fallo eléctrico se produjo el colapso de la autocimbra, precipitándose al vacío.

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-inspector-trabajo-tilda-insuficiente-plan-seguridad-cimbra-siniestrada-2005-20120213183155.html

 

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