Anulada la infracción de 6.000 euros contra un empresario toledano, sobrino de un alto cargo del PP


En la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo están que echan humo al trascender ahora la anulación del acta de infracción contra un familiar de un alto cargo del PP, en cuya empresa, entre otras irregularidades e ilegalidades, se halló a una inmigrante ecuatoriana, de 14 años de edad, realizando trabajos de costura, concretamente “cortando hilos de unas camisetas”. Y están cabreados ya no solo por el cese de su anterior jefa, que se “atrevió” a expedientar al citado empresario, como publicó ELPLURAL.COM el pasado mes de junio, sino porque el archivo de esta infracción “da alas a aquellos empresarios que están dispuestos a infringir la ley”, reconocen a este periódico fuentes del departamento.

Hechos incontestables

Los inspectores de Trabajo de Toledo visitaron la empresa “Sandi Casas, S.L.” (Miguel Esteban-Toledo), propiedad de Roberto Ortiz Casas, sobrino del coordinador del Servicio Periférico de la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Marcelino Casas, donde hallaron a una niña ecuatoriana, de 14 de edad, y a una discapacitada, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, trabajando de forma irregular en el taller. Por el caso de la menor propusieron una sanción de 6.000 euros y por el de la discapacitada 3.100. La segunda se pagó, pero la primera fue recurrida y luego anulada.

Alegaciones con membrete oficial

Alegaciones que el sobrino del alto cargo del PP realizó en “unos folios con el membrete de los Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo”, reconocen a ELPLURAL.COM fuentes de la Inspección de Trabajo de Toledo. “Es decir, dicho documento había sido confeccionado en el propio órgano administrativo que tenía la competencia para resolver el acta de infracción”, sentencian.

Incompatibilidad que nadie conocía

No solo eso, en la Inspección de Toledo no se entiende que, según el acta de anulación (ver documento), Marcelino Casas tardara tres meses en comunicar su abstención al ser tío del empresario al que se pretendía sancionar, y menos todavía que ni “la consejera de Empleo ni el señor Casas comunicaran tal abstención a la Inspección de Trabajo, por lo que es muy probable que tal decisión fuera adoptada después del escándalo producido por la publicación en PLURAL.COM del escrito de queja de los subinspectores por el cese político de Noelia Cano”, aseguran las fuentes.

Doble vara de medir

No solo eso, queda probado, según la Inspección de Trabajo, que la menor ecuatoriana no estaba sentada junto a su madre, como dice el acta anulatoria, sino en una silla al lado de la discapacitada, desarrollando la misma tarea que ésta; es decir, “cortando hilos con tijeras de las camisetas deportivas que confeccionaban el resto de operarias de la empresa”. Si es así, si dicha actividad fue considerada como laboral por la Tesorería de la Seguridad Social (Administración del Estado) y reconocida como tal por el empresario al abonar la multa (3.100euros) y no recurrir la sanción, “¿por qué la Consejería de Empleo del Gobierno de Cospedal entiende que la labor de la menor podría ser tan sólo un simple entretenimiento?”, se preguntan.

Economía sumergida
Razón no les falta a estas fuentes de la Inspección de Trabajo para mostrar su indignación, máxime si el acta absolutoria subraya que los inspectores no aportaron pruebas documentales o testificales, “cómo si en la economía sumergida existieran contratos de trabajos o nóminas”, señalan, para apostillar que “es absolutamente kafkiano que la Consejería de Empleo le pida a la Inspección de Trabajo que aporte pruebas documentales o testificales distintas de los hechos constatados de modo personal y directo por sus funcionarios, que gozan de presunción legal de certeza”. No solo eso, de aplicarse dicho criterio la Inspección de Trabajo “no podría demostrar la existencia de relación laboral en ninguno de los empleos sumergidos, bastaría con que el trabajador “pillado con las manos en la masa” negase que desarrollaba labor remunerada alguna y que el motivo de su presencia en el centro de trabajo se debía a que había ido a visitar a un amigo o a llevarle el bocadillo a su hermano y que, de pronto, como se aburría, se había puesto a trabajar”, ironizan.

Marcelino Casas, en la cuerda floja

ELPLURAL.COM ha podido saber también que el coordinador de Empleo de Toledo, y tío del empresario al que el Gobierno de Cospedal ha “amnistiado”, lleva anuladas numerosas actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo en menos de un año, cuando en el resto de las provincias de Castilla-La Mancha apenas han sido archivadas cuatro. Además, el caso no acaba aquí, ya que el PSOE solicitó a la Fiscalía la apertura de diligencias a Marcelino Casas por supuesta prevaricación. Es posible que el PP a estas alturas esté buscando “una salida honrosa para Marcelino”, reconocen a este periódico fuentes conservadoras, que nos recuerdan la amistad de éste con el secretario general y con el delegado del Gobierno, Vicente Tirado y Jesús Labrador, respectivamente.

Anulada la infracción de 6.000 euros contra un empresario toledano, sobrino de un alto cargo del PP

 

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