Castilla y Leon: 2.036 trabajadores han estado expuestos a los efectos del amianto


Un total de 2.036 trabajadores, de ellos 637 “pasivos” por no estar ya en el mercado laboral y el resto aún en activo, es el que habría estado expuesto en Castilla y León a los efectos cancerígenos derivados del uso del amianto, tal y como aparece recogido en el registro o censo epidemiológico puesto en marcha por la Junta.

Así lo ha desvelado este miércoles el viceconsejero de Empleo, Ignacio Ariznavarreta, quien, minutos antes de inaugurar en Valladolid la jornada ‘El amianto: un problema social’ organizada por el Departamento de Salud Laboral de la UGT en la Comunidad, ha anunciado igualmente que, además de la necesaria actualización del referido registro, la Junta, siguiendo las directrices del Plan de Seguridad y Salud Laboral 2011, tiene previsto constituir un grupo específico de trabajo con el fin de crear otro registro cuyo fin es el de establecer un censo de aquellos edificios de Castilla y León construidos con este material insalubre.

Todas estas medidas, como así ha resaltado Ariznavarreta, tienen por finalidad, por un lado, conocer el número de trabajadores afectados por su exposición al amianto para así poder ofrecerles el tratamiento sanitario en un estadio precoz y, por otro, eliminar el riesgo que para el resto de ciudadanos supone la existencia aún hoy de numerosos edificios en cuya construcción se empleó este material, prohibido desde 2002.

Por su parte, el máximo responsable de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, ha precisado que el amianto es un “viejo conocido” de la humanidad desde hace 2.000 años, pero que es a partir del siglo XX cuando se han empezado a detectar sus efectos en forma de cáncer sobre los trabajadores expuestos a él, de ahí la exigencia de contar con un registro de afectados permanentemente actualizado y de que los enfermos vean reconocida su dolencia como enfermedad profesional, algo que en la mayoría de los casos, según ha denunciado, no está ocurriendo en estos momentos.

Ello repercute negativamente en el trabajador afectado, no sólo por no poder acceder a un tratamiento farmacológico gratuito sino por que las prestaciones recibidas por una enfermedad común no son las mismas que en caso de la enfermedad profesional.
Un plan de ‘desamiantado’

Pero además, el líder ugetista ha advertido de que si bien en 2002 se prohibió el uso y manipulación del amianto, dicha prohibición no ha llevado aparejada su retirada de los edificios, la mayoría de ellos construidos con este material durante el auge del sector entre desde los años 50. “Es preciso una planificación para desamiantar esos inmuebles, que no sólo constituyen un riesgo para la salud de los trabajadores que los construyeron sino para el resto de ciudadanos que trabaja en ellos”, ha declarado.

En la misma línea, la secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ha aprovechado para denunciar el carácter “obsoleto” del “infrarregistro nacional” de afectados, tal como lo ha calificado, y las consiguientes dificultades para que los trabajadores expuestos al amianto vean reconocida su dolencia como una enfermedad profesional.

Como ejemplo, la sindicalista ha recordado que en 2010 tan sólo 109 trabajadores afectados por el amianto contaron con dicho reconocimiento, frente a 15.000 de otras enfermedades profesionales.

Rufino ha alertado finalmente de que el número de <="" strong=""> experimentará un importante crecimiento dentro de una o dos décadas, ya que la prohibición del uso de este material no llegó hasta 2002 y la ‘latencia’ de la enfermedad-tiempo hasta que se manifiesta- es de entre 20 y 30 años.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/15/castillayleon/1308134817.html

 

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