La Unión Comarcal de Ferrol de CC.OO. ha puesto en marcha una asesoría jurídica específica para los afectados de amianto ante el número de casos que acuden a su oficina en demanda de asesoramiento.
El nuevo servicio está formado por el el abogado Fernando José Méndez Sanjurjo, una administrativa y un perito médico. El nuevo secretario comarcal del sindicato de pensionistas de Comisiones, Carlos Mella, ha explicado que fue una iniciativa de su organización porque muchos de sus afiliados, antiguos trabajadores de Bazán y Astano, se encuentran entre los demandantes de este servicio, porque sufren las consecuencias de su exposición al asbesto. Se trata de personas con edades comprendidas entre los 55 años en adelante que estaban activos en los años 80 y precedentes, cuando se utilizaba profusamente el amianto como aislante de conducciones de calor en los buques.
Engrosamiento pleural
Carlos Mella comenta que hace ya un año que su sindicato había pedido a la Unión Comarcal la ampliación de la asesoría jurídica. Finalmente, el sindicato nacional de Galicia accedió a ello.
En el 2001 había cerca de un millar de afiliados a Comisiones que pidieron ser examinados por los servicios médicos públicos. En la actualidad quedan unos 700, de ellos el 90% tienen edades superiores a los 60 años. El propio Carlos Mella es uno de ellos: sufre engrosamiento pleural porque desde 1970 hasta que Bazán dejó de utilizarlo, a partir de 1982, estuvo en contacto con este material, como soldador del astillero.
A partir de ahora, todos los afectados que demandaron asesoramiento del sindicato serán citados para que acudan con el informe clínico. El perito médico será el primero en verlos y, tras su valoración, pasarán al abogado. En la actualidad, la Unión Comarcal tiene unos 200 casos abiertos de los cuales 27 están considerados como que tienen posibilidades de prosperar ante los tribunales. Si bien la principal demanda de Comisiones es conseguir que todo lo referido a la asbestosis se «desjudicialice». De manera que el trabajador, si los servicios médicos le diagnostican su afectación física, no se vea obligado a acudir a los tribunales para demandar sus derechos como enfermo profesional. La asesoría atiende también a las viudas. Mella insiste en que, en caso de fallecimiento, la familia debe solicitar la autopsia clínica del cadáver porque es la principal prueba ante los tribunales.
En algunos casos, la Seguridad Social (INSS) ya reconoce la enfermedad de origen profesional a algunos de ellos, sin necesidad de que exista una sentencia, y ha revalorizado la pensión. Pero son escasos y personas mayores de 70 años.
http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2011/10/24/0003_201110F24C3993.htm