La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC.OO.) ha denunciado el envío de notas internas al personal por parte de la dirección de diferentes administraciones públicas en las que se indica que las críticas de los empleados públicos a las medidas aprobadas por el Gobierno podrían ser objeto de sanción.
CC.OO. concreta que algunos responsables de la Administración utilizan el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público como medida disciplinaria para la incoación de expedientes disciplinarios, pero en ninguno de sus artículos dice que el personal de la Administración no pueda manifestar su opinión personal e individual contra unas condiciones que le afectan como ciudadanía.
En un comunicado, el sindicato asegura además que la Administración limita el derecho a la utilización del correo electrónico, «no dudando en utilizar todos los medios a su disposición para que los empleados públicos no puedan acceder al derecho a la información veraz que se reconoce como derecho fundamental en la Constitución».
Para FSC-CC.OO., esta iniciativa refleja el carácter «autoritario y soberbio» del Gobierno y de algunos gestores «que utilizan el miedo y la coacción para reprimir el malestar creado entre los empleados públicos por los recortes aprobados por el Gobierno».
Puntualiza también que «últimamente, algunas direcciones generales parecen desconocer los derechos y libertades que recoge el ordenamiento jurídico en nuestro país».
El sindicato añade que estas medidas también suponen un atentado al artículo 20 de la Constitución Española, que reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
«En un Estado democrático y de derecho, FSC-CC.OO. no permitirá este tipo de actuaciones y tomará medidas contra cualquier apertura de expediente disciplinario», avisa, para añadir que, para ello, ofrecerá asesoramiento, a través de los comités de empresa y de las juntas de personal, para iniciar las acciones judiciales pertinentes.
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