a prohibición del uso y comercialización del amianto en el Estado español en el año 2001 “no resuelve los grandes problemas que este mineral sigue provocando en la salud y el medio ambiente” y además “sigue matando”, debido a la exposición de miles de trabajadores canarios a este mineral empleado en la industria y en la construcción durante años, según advierte la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO) Canarias, Carmen Marrero.
Para CCOO Canarias, tres son los grandes retos en relación al amianto: los afectados y víctimas del amianto, el amianto ya instalado y su impacto en la salud pública y el medio ambiente, y la transferencia del riesgo a terceros países.
Más de dos millones de toneladas de amianto recubren hoy tejados, techos, paredes, tubos de conducción de agua y gas, de refrigeración en fábricas, almacenes, hospitales, centros de enseñanza y de investigación, edificios públicos y privados; también en barcos, trenes y en múltiples aplicaciones industriales como frenos y embragues del sector del automóvil.
Existe un Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) que incluye a unos pocos cientos de empresas: a pesar de ser obligatoria la inscripción, muchas sociedades no se registran. “Se carece de un necesario registro histórico de empresas y trabajadores expuestos en los últimos treinta años para hacer una vigilancia de la salud específica y un diagnóstico temprano”, alerta Marrero.
CCOO Canarias lamenta que ante esta situación los poderes públicos hagan “oídos sordos” y resten importancia al problema, y que se resistan a reconocer la relación entre la exposición al amianto y las enfermedades derivadas.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 100.000 personas mueren cada año en el mundo como consecuencia de la exposición al amianto.
En España el amianto llegó más tarde que al resto de países de la Unión Europea. Se comenzó a utilizar de forma masiva en 1950 hasta 2001, año de su prohibición, por lo que los efectos sobre la salud comenzaron a ser visibles más tardíamente. Según las estimaciones disponibles “lo peor está aún por llegar, siendo los años comprendidos entre 2010 y 2025 en los que se prevé una mayor incidencia de cáncer por amianto”.
Un estudio epidemiológico exhaustivo realizado en la Unión Europea revela que el amianto va a causar la muerte de 40.000 a 56.000 personas en España hasta 2025. Se prevé un aumento de la tasa de mortalidad por cáncer de pleura y pulmón en varias Comunidades Autónomas con mayor presencia que, principalmente, afecta a los trabajadores de la industria naval, fibrocementos, material ferroviario y reparación de automóviles.
En cuanto a los efectos, tradicionalmente ha existido un gran desconocimiento en la Seguridad Social sobre estas patologías, y por lo tanto han sido poco reconocidas. De hecho, en 2010 la Seguridad Social sólo notificó en España 106 enfermedades profesionales relacionadas con este agente (81 enfermedades por polvo de amianto y 25 cánceres), y 13 cánceres declarados sin baja.
Hace cinco años, CCOO se dirigió al Congreso de Diputados pidiendo la adopción de medidas urgentes para el seguimiento y la atención de los trabajadores enfermos por exposición al amianto. Estas peticiones no han sido atendidas o lo han sido de manera muy parcial, haciéndose cada vez más urgente e ineludible la adopción de medidas tales como:
• La firma de convenios específicos promovidos por la Secretaría de Estado de Seguridad Social entre ésta y las CCAA, tanto con el área sanitaria (sobre la vigilancia de la salud de todo el colectivo de trabajadores expuestos) como con el área de servicios sociales para el correcto apoyo a enfermos y familiares.
• Instrucciones específicas a las Mutuas (como entidades colaboradoras de la Seguridad Social) para que agilicen el reconocimiento de las enfermedades profesionales derivadas de la exposición al amianto según quedan recogidas en el nuevo cuadro de Enfermedades Profesionales, en los trabajadores actualmente en activo.
• La firma de un convenio específico entre la Seguridad Social y las Asociaciones de Sociedades de Prevención y Servicios de Prevención Ajenos, para establecer mecanismos operativos de comunicación entre éstas y la correspondiente entidad colaboradora de la Seguridad Social a los efectos de calificación de las Enfermedades Profesionales por exposición a amianto, según lo contemplado en el artículo 5 del RD 1299/2006 de EE PP.
• Reconocimiento de forma automática de todas las patologías derivadas de la exposición al amianto como enfermedades profesionales por parte de los Equipos de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social, en los trabajadores con antecedentes de exposición en su vida laboral, para así evitar la continua judicialización a la que se ven abocados.
• La firma de un convenio entre la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo para agilizar la actuación de ésta en los supuestos de extinción laboral (sin derecho previo a prestación de incapacidad) por incompatibilidad entre el estado de salud del trabajador y el puesto de trabajo, objetivando la viabilidad en la adaptación o cambio de puesto; y para agilizar las resoluciones de las propuestas de recargo de prestaciones realizadas por la Inspección por exposición de los trabajadores al amianto.
• Creación de un registro nacional de mesoteliomas, cáncer de pulmón y otras patologías asociadas a la exposición al amianto.
• La Seguridad Social deberá hacer una propuesta de calendario para aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación de trabajadores expuestos al amianto en su vida laboral.
• Creación de un Fondo de Compensación para las victimas del amianto que garantice las indemnizaciones para los afectados. Si tenemos que cuenta los largos periodos de latencia de las enfermedades producidas por el amianto es fácil entender que muchas veces, las empresas donde se produjeron las exposiciones ya han desaparecido, con lo que las actuaciones jurídicas dirigidas a la compensación del daño no tienen posibilidades de abrirse camino. Pero además ante la tragedia del amianto el derecho de daños es un mecanismo de compensación ineficiente. En base a estos argumentos hay países como Francia o Bélgica que ya han establecido fondos de compensación/indemnización como método para indemnizar a las víctimas.
Pedimos también a otros ámbitos de las Administraciones Central y Autonómicas que asuman sus responsabilidades al respecto y garanticen:
• Desarrollo armonizado del programa de vigilancia postocupacional que permita establecer una cohorte de trabajadores y dotarnos de un registro lo más exhaustivo posible de trabajadores expuestos a amianto en los últimos 30-40 años.
• La adopción de las medidas adecuadas, antes de iniciarse trabajos de seguridad, mantenimiento, reparación o desguace, para identificar la presencia de amianto, recabando si es necesario información de los propietarios de los locales, empresarios o constructores.
• La elaboración de un programa de acción de acuerdo con las Comunidades Autónomas que permita la identificación del amianto instalado para una correcta gestión, control y eliminación, con el fin de evitar cualquier impacto en la salud de los trabajadores y la población en general, con los registros y procedimientos necesarios para ello.
• Realización de estudios epidemiológicos en los territorios más afectados, que incluya además de los trabajadores, sus familiares y la población en general.
Desde CCOO Canarias queremos que se cuantifique esta situación en nuestra Comunidad, que los trabajadores y trabajadoras que estuvieron o que siguen estando en contacto tengan una vigilancia adecuada de su salud, independientemente de su situación laboral actual (en activo o jubilado/a).
Por otro lado, que se recoja en todas las evaluaciones de riesgos de las empresas si dicho riesgo existe, en qué medida y qué medidas preventivas hay al respecto para minimizar los riesgos. Que se reconozcan como enfermedad profesional las dolencias que dicho material ha provocado en los trabajadores y trabajadoras afectados.
En la actualidad se habla de la necesidad del relanzamiento del sector de la construcción a través de las obras de remodelación y modernización de la planta alojativa hotelera. Las mismas han de realizarse con prudencia ya que dichas obras se construyeron cuando aún no estaba prohibido el uso del amianto, por lo que está presente en muchas de ellas.
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras continúa comprometida en la lucha contra el amianto desde que se tiene conocimiento de sus efectos nocivos: antes por su prohibición, y ahora por una digna compensación moral y económica de las víctimas y de sus familias, tanto a nivel social e institucional como legal. CCOO seguirá defendiendo la prohibición mundial del amianto ante las Organizaciones Internacionales así como la prohibición de la transferencia de riesgos a terceros países.
CCOO Canarias quiere abrir un debate en la sociedad canaria de sensibilización sobre el amianto. Por ello, invita a la presentación del libro ‘La Lana de la salamandra’, a cargo de su autor, Gampiero Rossi, el próximo viernes 3 de febrero en el Club Prensa Canaria de Las Palmas de Gran Canaria a las 19:00 horas.
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