El plan que el Gobierno estatal ultima para reducir la economía sumergida tiene como objetivo sacar a flote en el Archipiélago a entre 150.000 y 160.000 trabajadores que desarrollan su actividad en condiciones irregulares.

Éste es el cálculo del sindicato CCOO-Canarias, que cuenta con un gabinete técnico que promueve la concienciación social contra este tipo de prácticas que, según sus cálculos, mueve en torno a 12.400 millones de euros en las Islas cada año, el equivalente al 30% del Producto Interior Bruto (PIB) isleño.

El secretario de Economía y Políticas Sectoriales del sindicato, Carmelo Jorge, explica que la existencia de ese volumen de actividad sumergida, que es una estimación, es lo que evita un «estallido social», dado el elevado desempleo que registra Canarias.

«Cuanto más se prolongue la crisis y más gente vaya al paro, más crecerá el porcentaje de economía sumergida, no porque lo haga en términos absolutos, sino porque la economía legal seguirá reduciendo su dimensión», señala Jorge.

Lo «habitual» -añade- en periodos de crecimiento económico es que el empleo irregular mueva en torno al 22% del PIB autonómico.

En su vertiente laboral, el 30% que hoy se estima implica que trabajan al margen de la legalidad, como mínimo, entre 150.000 y 160.000 personas en las Islas.

Esa cifra, que representa el 15% de la población activa del Archipiélago, no alcanza el 30% de ésta porque el grueso de las empresas del tejido productivo «negro» son de tamaño muy reducido, con plantillas cortas.

«Cuando hablamos de economía sumergida hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría responden al perfil del pequeño taller del barrio que hace dos años estaba legalizado y pagaba sus impuestos, pero que si lo siguiera haciendo ahora tendría que cerrar. Son en buena parte -prosigue Jorge- empresas familiares para las que es imprescindible esa situación para seguir subsistiendo».

A la vista de la experiencia del sindicato, «la golfería es minoritaria» en este terreno, aunque Jorge apunta que «economía sumergida es también contratar irregularmente o por cuatro horas y hacer trabajar ocho, hechos que se dan de igual manera en las grandes empresas».

Canarias presenta peores ratios que el conjunto del país en empleo irregular porque su economía, expone el representante de CCOO, «exagera los defectos del modelo estatal y, por tanto, tiene un mayor porcentaje de economía costera».

Con este concepto define Jorge el tejido productivo isleño que vive «prácticamente al borde de lo irregular y que, cuando la marea sube, es decir, cuando sobreviene una crisis, queda sumergido».

El Gobierno ha acometido la elaboración del plan contra el empleo irregular con el objetivo de que reporte beneficios tanto para las finanzas del país como para quien trabaja de forma ilegal. «Ambos lo necesitan», ha indicado al respecto el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.

En CCOO, sindicato con el que, además de UGT, el Ejecutivo intenta consensuar tal programa antes del próximo miércoles, creen que lo más útil para que aflore el dinero «negro» es recuperar el crecimiento económico.

Carmelo Jorge advierte, en esa línea, de que el plan «no va a servir porque no se dan las condiciones para ello» y subraya que, por más incentivos que se pongan a disposición de las empresas, será imposible sacar a flote toda la actividad irregular.

PROGRAMA

Aumentar las inspecciones

Poco se conoce del programa que prepara el Gobierno para luchar contra la economía sumergida. Lo que ha trascendido es que habrá incentivos para que los empresarios paguen sus impuestos y a la Seguridad Social y que, tras un periodo de entre tres y cuatro meses, se endurecerán las sanciones de la Inspección de Trabajo. Para CCOO-Canarias, lo prioritario es aumentar los servicios de inspección, donde hay «insuficiencia de medios».

Según el Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó el año pasado 56.003 actuaciones en Canarias, casi las mismas que en 2009. La actividad del último ejercicio derivó en 5.982 sanciones, un 5,6% menos que en el anterior, con un importe de casi 17,9 millones de euros, un 16,2% superior al de 2009. Además, los trabajadores involucrados en esas infracciones creció un 8,1%, hasta los 29.842.

El Ejecutivo prevé acometer 265.000 actuaciones extra en el conjunto del país -donde el año pasado se realizaron 1.193.736 inspecciones- para detectar a los empresarios que cometen fraude y a los trabajadores que ejercen su actividad de forma irregular. Según fuentes sindicales, las multas a los empresarios podrían aumentar de los 6.500 euros hasta los 400.000, según cada caso. En cuanto a la parte del trabajador, quien combine la prestación por paro con un empleo irregular podría ser sancionado con la pérdida automática de la prestación.

El Gobierno pretende aprobar su plan en el Consejo de Ministros del próximo viernes. La federación de autónomos ATA confía en que el Ejecutivo no olvide en ese programa al millón de empresas «fantasma» que se mueven al margen de la legalidad y cuyo coste asume el resto de la economía.

http://www.eldia.es/2011-04-24/economia/economia0.htm