La panificadora industrial Panisol, empresa jerezana con apenas dos años de existencia, anunció a mediados de julio su intención de solicitar el concurso de acreedores por un problema puntual de tesorería. La empresa acumulaba por entonces un pasivo de entre dos y tres millones de euros al que la coyuntura económica y la asfixia financiera impedían dar respuesta, por lo que decidió acudir a la suspensión de pagos para salir del atolladero y, una vez regularizadas sus cuentas, seguir con la actividad y el proceso de expansión.
En todo momento se garantizó la viabilidad de la empresa y la continuidad de la plantilla, en la que según aseguraron los asesores legales de Panisol, no habría recortes. Poco más de dos meses después, los sindicatos denuncian la existencia de un expediente de regulación de empleo (ERE) encubierto en la panificadora, que en este tiempo ha rescindido contrato a decenas de trabajadores para mantener únicamente a una veintena del más de medio centenar vinculado a la planta de producción del parque empresarial oeste.
El secretario provincial del sindicato agroalimentario de CCOO, Luis Páez, ha recopilado abundante información de los trabajadores afectados, de los que la empresa está haciendo un «escarnio», pero la situación es mucho más grave, según el propietario de la firma, Juan Luis Vargas, quien admite que Panisol está al borde de la quiebra y «si no se declara ya el concurso tendré que cerrarlo todo en días».
Los trabajadores afectados, la mayoría discapacitados, expresidiarios e inmigrantes, aunque también hay mujeres embarazadas, denuncian que la empresa les ha despedido sin previo aviso y sin cobrar el finiquito, extremo que confirma el empresario, quien asegura estar contra las cuerdas por el retraso de las subvenciones públicas concedidas a la panificadora, «de las que no he visto un sólo euro pese a que han venido a hacerse la foto y todos piensan que he cogido el dinero».
Según Vargas, «todas las cuentas están embargadas y hoy -ayer para el lector- han venido a cortar el gas, he perdido 25 kilos y los 4 millones que puse de mi bolsillo de inversión», pero «aquí sigo esperando a que llegue el administrador concursal o el dinero de las ayudas». «No puedo pagar a nadie, ni siquiera a los veinte que siguen trabajando, y muchos de los franquiciados se están quitando porque no puedo servirles el pan, aunque también me dejan a deber dinero».
El secretario provincial de CCOO, que ya ha advertido telefónicamente a la autoridad laboral de lo que considera un fraude, exige a la delegación provincial de Empleo que reclame la devolución de las subvenciones públicas, tanto las captadas por la contratación de personas en riesgo de exclusión social como las recibidas por otros conceptos.
Entre estas últimas, deberían figuran los incentivos por importe de casi un millón de euros concedidos a Panisol para la modernización de sus instalaciones por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, subvención que Vargas niega haber cobrado pese a que la delegada provincial, Angelines Ortiz, visitó en julio de 2009 las nuevas instalaciones de la panificadora en el parque Oeste acompañada de la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez para hacerle entrega de la autorización de pago.
El empresario tampoco ha percibido los 250.000 euros concedidos por Empleo por la contratación de personas con dificultad de acceso al mercado laboral, «ayuda que reza como si me la hubieran dado cuando llevo tres años esperando a que llegue».
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