No existen informes oficiales al respecto, pero son muchos los expertos y los centros de estudios que dan por hecho de que los niveles de economía sumergida han crecido en los últimos años como consecuencia de la crisis. Fruto de esa sensación de mayores cotas de ilegalidad en el mercado laboral, la Inspección de Trabajo incrementó sensiblemente su actividad de control y de sanción el año pasado.
Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante el pasado ejercicio en Córdoba —con datos actualizados hasta junio— se abrieron de media 267 expedientes sancionadores cada mes contra otras tantas empresas por incumplir algún aspecto vinculado con la normativa laboral, como es el caso de contratación, de prevención de riesgos laborales o de extranjería.
Esta cifra representa un incremento del 52,5 por ciento en relación a las estadísticas de 2010, cuando se imponían 175 multas. El aumento es mayor si cabe si la comparación se realiza con los datos de 2009, cuando apenas se llegaba a los 90 expedientes, casi tres veces menos que en 2011. Destaca también el hecho de que este capítulo apenas ha variado en el conjunto de Andalucía durante el ejercicio anterior.
En el estudio del departamento encabezado por Fátima Báñez no se delimita en qué sectores se han registrado estas irregularidades, aunque existen ciertas actividades, como es la agraria, donde la Subdelegación del Gobierno anunció el año pasado que elevaría el número de controles para evitar las contrataciones ilegales de inmigrantes con su situación en España no regularizada, sobre todo en las épocas de las campañas de recolección.
Sanciones por 24.723 euros
Estos expedientes se tradujeron, entre otras cosas, en multas ingresadas por el Estado. Durante el pasado año, la Inspección de Trabajo impuso sanciones cada mes por un valor de 24.723 euros. Es cierto que también en este caso hubo un cierto incremento respecto a 2010 (+3%), pero menor si se relaciona con el total de procedimientos iniciados.
Entre sus principales objetivos, la Inspección de Trabajo cuenta con el mandato de conseguir que las condiciones laborales de los empleados sean las mejores posible dentro del marco legislativo vigente. Todos los procesos sancionadores abiertos en el primer semestre de 2011 afectaron a una media de 516 trabajadores en la provincia al mes, frente a los 404 correspondientes a un año antes, lo que significa un aumento de algo más del 27 por ciento.
Una de las razones por las que se impusieron más multas es que hubo más actuaciones de control por parte de este departamento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Las estadísticas señalan que los funcionarios adscritos al mismo realizaron en 2011 una media mensual de 1.739 exámenes de otras tantas empresas, lo que representa un crecimiento del 23,2 por ciento en relación a 2010.
Pese a esa mayor actividad de control, los sindicatos llevan algunos años denunciando la falta de efectivos de la Inspección de Trabajo para acabar con algunas situaciones de abusos que se producen en el mercado laboral provincial, sobre todo a raíz de la crisis económica.
El nuevo Gobierno central quiere cambiar también esta realidad y, por eso, ya ha anunciado un plan contra el fraude fiscal, que incluye un apartado muy importante dedicado a la economía sumergida. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya ha señalado que podrían recaudarse en Córdoba unos 113 millones de euros más por parte del Estado.
http://www.abc.es/20120121/cordoba/abcp-inspeccion-trabajo-impuso-sanciones-20120121.html