Cuatro meses de juicios por 10,66 euros


Una factura de compra de material por importe de 10,66 euros ha desembocado en el despido «improcedente» de dos trabajadores de la empresa mixta de Aguas de Langreo. Así lo afirmó ayer la abogada de los operarios, María Jesús Alonso Manzano, quien sospecha que pueden «existir otros motivos de fondo». En este sentido, la defensora de Sergio Menéndez González y Marcelino Fernández Pérez explica que hay que tener en cuenta consideraciones como que uno de los empleados era miembro activo de la sección sindical mayoritaria y ejercía de enlace entre la mesa negociadora del convenio colectivo y los trabajadores. Y añade que, curiosamente, una vez despedidos, se firmó el acuerdo laboral, que llevaba dos años enquistado.

Recuerda que el propio ordenamiento jurídico prevé el despido disciplinario en caso de cometer los hechos imputados (sustraer material de la empresa), pero «no son ciertos». Si no, añade, la empresa «no reconocería la improcedencia del despido, indemnizando a cada operario con 10.000 euros».

El pasado 9 de noviembre se celebró en el Juzgado de lo Social de Mieres la vista por el despido nulo de ambos trabajadores al entender que se «han vulnerado sus derechos fundamentales». A expensas de lo que dictamine el juez, la abogada «estima que hay motivos suficientes para que el Tribunal Supremo, conozca y evalúe en casación la conducta de Aguas de Langreo al actuar vulnerando los derechos de los operarios». Los hechos ocurrieron el día 30 de junio de este año, cuando Aguas de Langreo les acusó de facturar a la entidad materiales que eran para su uso particular. Sin embargo, según la letrada, los dos trabajadores han acreditado que abonaron esos materiales con la pertinente factura, que asciende a 10, 66 euros y con la firma del responsable de la empresa donde se hizo la compra, que era para Aguas de Langreo. La empresa continuó con el procedimiento legal, y el pasado 8 de julio, los empleados recibieron la denuncia. El procedimiento penal fue sobreseído, y el 19 de agosto, Aguas de Langreo les despidió asumiendo la improcedencia y depositando 20.000 euros de las arcas públicas en el Juzgado de Mieres.

Después de varios recursos por ambas partes, los trabajadores interpusieron ayer dos denuncias contra la empresa por imputarles un delito que «no cometieron».

Asimismo, María Jesús Alonso está «valorando» la posibilidad de interponer una querella contra todo el consejo de administración de la entidad por utilizar «indebidamente el dinero público»: «No podemos olvidar que el 51% de la sociedad corresponde al Ayuntamiento de Langreo y el 49% restante, a Aqualia», por lo que, a su entender, la compañía «está utilizando una partida económica para cubrir los costes de los juicios».

http://www.elcomercio.es/v/20111119/cuencas/cuatro-meses-juicios-euros-20111119.html

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