La empresa Clece, que asume el servicio de ayuda a domicilio en Andalucía a usuarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), organismo que depende del Ministerio de Defensa, ha informado del despido de más de 500 trabajadoras a partir del 31 de diciembre de 2011, alegando que, tras la ausencia de empresas en el concurso convocado por ISFAS, esta institución ha decidido sustituir esta asistencia por la asignación de prestaciones económicas a cada uno de sus asociados que, hasta el momento, recibían el citado servicio.
Para el Área de Privadas, Fundaciones y Empresas Públicas de la FSS-CCOO Andalucía, “es inconcebible que un organismo del Ministerio de Defensa incumpla lo recogido en la Ley de Dependencia respecto a la excepcionalidad del uso de la prestación económica, ya que debe ser el servicio específico más adecuado, sea la ayuda a domicilio o el ingreso en una residencia, la alternativa utilizada de forma asidua”.
El dirigente sindical Jesús Cabrera, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, mantiene que, si el concurso queda desierto y no hay visos de que una empresa lo quiera asumir, “ISFAS debería propiciar, en cumplimiento de la Ley de Dependencia, la asignación del servicio a las administraciones correspondientes, tanto local como autonómica, y, en consecuencia, haber garantizado la prórroga forzosa del servicio con Clece hasta que se resolviese definitivamente la situación”.
“Es absolutamente reprochable que la actuación de ISFAS sólo se limite a parchear los intereses de sus usuarios, sin importar lo más mínimo que cientos de trabajadoras sean despedidas tras varios años de servicios”, señala Cabrera.
La FSS-CCOO Andalucía sostiene que va a emprender las acciones jurídicas y sindicales oportunas en defensa de los trabajadores destituidos, denunciando ante la autoridad laboral la improcedencia de los despidos, “dado que ni tan siquiera se ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por la empresa adjudicataria Clece”. Asimismo, afirma que contactará con las administraciones competentes en la materia para intentar llegar a una solución satisfactoria.
En la provincia de Cádiz, esta decisión afecta a 20 mujeres que vienen desempañando desde hace años el trabajo de cuidar a personas dependientes en San Fernando. “Una vez superado el ERE de la residencia de mayores de la Cruz Roja nuevamente se produce un conflicto laboral que puede generar la pérdida de puestos de trabajo en esta localidad gaditana”, lamentan desde Comisiones.
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