La Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla ha denunciado en el juzgado que en el ERE exprés que la entidad realizó en junio de 2011, coincidiendo con el cambio en el gobierno municipal, se falsearon diversos documentos públicos, hechos que han sido incorporados en la denuncia presentada contra el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y el ex primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, así como contra el ex gerente de la Fundación Miguel López Adán y numerosos miembros del patronato.

La Fundación DeSevilla cita en concreto el acta de apertura del periodo de consulta del ERE, que fue suscrito por el entonces gerente de la entidad Miguel López Adán con la representante de los trabajadores, que tiene fecha de 23 de mayo de 2011, y el acuerdo que se alcanzó el 2 de junio de ese mismo año para la extinción colectiva de los contratos.

La denuncia señala que, «según los archivos informáticos de la Fundación» esto dos documentos fueron creados «el 1 de junio» por el entonces director de Recursos Humanos, y sucede lo mismo con la solicitud y una pequeña memoria. «La petición de informe a la representante de los trabajadores está fechada en 23 de mayo, aunque el archivo informático está creado el 9 de junio» y en ella «ya se incluye la oferta final de indemnizaciones del acta del 2 de junio», precisa la denuncia.

Pero no sólo se produjeron esas supuestas falsedades documentales, sino que DeSevilla considera además que la causa invocada en el ERE -que los planes o programas que realizaba terminaban con el mandato de la Corporación- «en sentido jurídico no parece real ni proporcionada en la fecha del inicio del ERE, ni en la fecha de su solicitud ante la Administración, ni siquiera en la fecha de resolución».

El ERE fue solicitado con fecha 3 de junio y se tramitó «a toda prisa», siendo aprobado por la Delegación de Empleo en una resolución de 1 de julio. La denuncia advierte que la resolución del ERE señala que «la inspección de Trabajo ha informado favorablemente, sin cuestionar la causa invocada, pese a tratarse de una entidad pública y pese a los antecedentes de los ERE de Mercasevilla», y explica que, desde que se conocieron diversas resoluciones judiciales sobre el caso de los intrusos, «la inspección analiza la realidad de las causas, incluso cuando hay acuerdo de empresa y trabajadores, para evitar los casos de fraude» pero resulta «inaudito que no lo haya hecho» en este caso.

La denuncia concluye que se solicitó autorización para la extinción de los contratos en el mese de junio, pero como el ERE se autorizó el 1 de julio «podría considerarse que los despidos efectuados antes de la notificación no estaban autorizados por resolución amparadora» y además, según los denunciantes, se habrían abonado más días de indemnización de los que supuestamente les correspondían.

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