Despedidos por «ser del PP». Dos cargos públicos de esta formación en los ayuntamientos gaditanos de Vejer de la Frontera y El Bosque no ven otro motivo que una purga por «razones políticas» para que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) haya decidido prescindir de ellos después de tres años trabajando como asesores de empleo para este organismo adscrito a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
El concejal de Urbanismo en Vejer y responsable de Medio Ambiente en la Diputación de Cádiz, Daniel Sánchez Román, y la alcaldesa de El Bosque, Inmaculada Gil López, han presentado reclamaciones —previas a la vía judicial— ante el SAE por las que denuncian que su despido ha sido «nulo o improcedente».
Aprovechando que ambos se hallaban en situación de excedencia forzosa tras haber tomado posesión de sus actas como ediles, el pasado 5 de octubre, meses después de las elecciones municipales, el Servicio Andaluz de Empleo decidió no prorrogar sus contratos como asesores de empleo, como sí ha hecho, en cambio, con los más de 450 trabajadores restantes que fueron contratados para idéntico servicio y en la misma fecha por el SAE.
De hecho, como exponen ambos cargos municipales en su demanda, a la que ha tenido acceso ABC, los contratos cuentan con financiación estatal hasta el 31 de diciembre de 2012. «El único motivo para despedirme debe de ser la excedencia forzosa y ser del PP», lamentó Sánchez.
Desde 2008
En octubre de 2008 entraron a trabajar como personal laboral de las oficinas de Vejer, en el caso de Daniel Sánchez, y de Arcos de la Frontera, en el de Inmaculada Gil, gracias al Plan Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral del Gobierno central, que incluye el traspaso de créditos a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.
El servicio para que fueron contratados no ha concluido «como se atestigua de la prórroga por un año que se ha llevado a cabo con el resto de mis compañeros», alegan en el escrito presentado ante el SAE, que no les ha contestado.
El organismo público tampoco quiso valorar este asunto cuando ABC intentó recabar su versión.
Ante el silencio de la Junta, no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Ambos interpondrán demandas ante el Juzgado de lo Social contra el organismo.
Advierten de que «esta situación es una discriminanción por razones políticas, prohibida tanto por la Constitución como por el Estatuto de los Trabajadores». Añaden, en una reclamación muy contundente, que «dicha decisión se agrava al tomarse por un organismo público gestionado por un partido político (PSOE) distinto al que represento en mi situación actual de cargo público (PP)».
Se da la circunstancia de que tanto Sánchez como Gil ganaron el pasado 22 de mayo las eleciones municipales en antiguos bastiones de los socialistas en la provincia de Cádiz. En el caso de Vejer, el PP ocupa la Alcaldía por primera vez después de cuatro mandatos consecutivos del socialista Verdú.
Victoria popular
La candidatura encabezada por la popular Inmaculada Gil obtuvo 12 votos más que lideraba la socialista Ana Melgar y accedió a la Alcaldía gracias al apoyo del PSA-PA.
Los ediles apelan al artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores que en su punto primero estipula que la excedencia forzosa «dará derecho a la conservación del puesto de trabajo», una garantía que también recoge el VI convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía para aquellos trabajadores que sean elegidos como cargos públicos.
http://www.abcdesevilla.es/20111127/andalucia/sevp-despedidos-alcaldesa-edil-cadiz-20111127.html