El juzgado de lo social número 2 de Guadalajara ha condenado a la Diputación Provincial por el despido improcedente de los integrantes de la Banda de Música provincial.

El fallo obliga a la institución a readmitirles en un plazo de cinco días o indemnizarles con cantidades que en total podrían sumar más de un millón de euros, según las estimaciones dadas hoy por el grupo socialista.

En este sentido, la portavoz del PSOE en la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León, ha señalado hoy en rueda de prensa que hasta el momentos se han emitido 39 sentencias por otros tantos músicos afectados, aunque en los próximos días se conocerán más hasta llegar al medio centenar.

Los hechos se remontan al pasado 2 de abril cuando a través de una resolución la Diputación suspendía las actuaciones de la Banda de Música provincial.

Tras varias reuniones intentando lograr un acuerdo que no prosperó, la mayoría de los integrantes de la Banda decidieron denunciar a la Diputación por despido improcedente.

Ahora, el fallo del juzgado de lo social considera la existencia de despido puesto que no existe una fecha cierta de reanudación de la actividad de los miembros de la Banda.

«El despido de los músicos y la liquidación de la Banda es únicamente responsabilidad de la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, que no ha sabido, ni ha querido buscar la fórmula para dar continuidad al proyecto», ha dicho la portavoz socialista.

Por su parte, la presidenta de la Diputación ha dicho en un comunicado que la sentencia confirma la «irregularidad» que existía en la relación entre los integrantes de la Banda y la Diputación «con la complicidad y responsabilidad de los anteriores equipos de Gobierno del PSOE e IU por mantenerla».

Según Guarinos, en 2002 los servicios jurídicos de la Diputación emitieron un informe en el que advertían de posibles incompatibilidades y la necesidad de regularizar la situación de los músicos mediante contratos laborales o la constitución, por parte de los integrantes de la Banda, de una asociación que formalizase un convenio con la Diputación.

Ninguna de estas posibilidades ha salido adelante a pesar, según Guarinos, «de la voluntad de acuerdo que ha existido para lograr la única solución posible de regularización jurídica: la asociación».

La presidenta ha descartado «con una elevada probabilidad» la presentación de un recurso porque «era obvio la existencia de una relación laboral».

Por último ha señalado como solución más probable la indemnización de los miembros de la Banda en las cuantías fijadas por el fallo «ya que muchos de sus integrantes se encuentran en situación de incompatibilidad por ser personal funcionario o laboral de diferentes administraciones o jubilados y pensionistas».

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