La iregularidades detectadas por el empleo sumergido han supuesto un fraude de once millones a la Seguridad Social entre enero y septiembre de 2011 en la provincia de Alicante, según datos de Comisiones Obreras.
La Inspeccción de Trabajo promovió en la comunidad valenciana un total de 6.863 altas a la seguridad social entre enero y septiembre de 2011.
Las irregularidades detectadas suponen un fraude mensual a la seguridad social que supera los 11 millones de euros, al tratarse de trabajos realizados al margen de los cauces legales, sin figurar en los registros fiscales ni estadísticos.
El número total de actuaciones realizadas por la inspección en el Área de la Seguridad Social durante este periodo se sitúa en 46.119 . El importe total que “deberían” abonar los empresarios valencianos por incumplir la normativa en materia de seguridad social, alcanza los 101.075.264 euros, entre expedientes liquidatorios (92.279.115) y sanciones (8.796.149).
Por provincias, donde más empleo sumergido se ha detectado es en Alicante, con 3.905 altas promovidas por la Inspección de Trabajo, seguida de Valencia con 2.313 y Castellón con 647. La valenciana es la segunda comunidad en número de fraudes detectados (6.863), sólo por detrás de Andalucía (9.696 altas). El tercer y cuarto lugar lo ocupan respectivamente Cataluña (4.522 altas) y Madrid (3.906 altas).
Alicante, con 14.282 actuaciones, es la provincia de toda el estado Español que más economía sumergida registra, lo que refleja el arraigo que esta práctica ilegal tiene en el territorio. En el conjunto del estado, el importe total que deberían abonar aquellos empresarios a los que se ha probado el incumplimiento de la normativa en materia de Seguridad Social, alcanza los 796.969.240 euros, entre expedientes liquidatorios 721.823.749€ y sanciones 75.145.491€
La inspección en el área de la seguridad social representa más del 47% (46.119 actuaciones) del total de la actividad registrada en la comunidad autónoma, sumando un total de 98.050 actuaciones realizadas entre enero y septiembre del año 2011. Desde Comisiones Obreras destacan que en este periodo el ministerio ha transformado en indefinidos 3.238 contratos, 2.123 en Valencia, 916 en Alicante y 199 en Castellón.
Según señala CCOO PV, las penalizaciones económicas que se recogen en el informe estadístico de Trabajo son teóricas, ya que el cobro real, tanto de las sanciones como de las liquidaciones, en muchas ocasiones se complica por la imposibilidad de imputar jurídicamente a los defraudadores, que ocultan la verdadera titularidad de las empresas.
El sindicato denuncia que «en un contexto tan negativo para el empleo como el actual y una tasa del paro 25’45% (EPA cuarto trimestre de 2011) cuando miles de trabajadores han agotado las prestaciones por desempleo, algunos empresarios aprovechen para instaurarse en la economía sumergida, vulnerando derechos fundamentales de las personas trabajadoras».
A juicio de la organización sindical, «estas practicas son una verdadera sangría economica para la Seguridad Social, cuantificando además que con el dinero del fraude se podrían pagar miles de pensiones».
Con los datos analizados, CCOO PV afirma una vez más que “para combatir realmente esta situación es imprescindible reforzar los programas anti-fraude y las plantillas de las Inspecciones de Trabajo, como garantes fundamentales del cumplimiento de la normativa laboral” concluyen».
Desde Comisiones Obreras argumentan que “cuando un mal llamado empresario ofrece un empleo irregular, probablemente lo hará por ahorrarse un coste laboral que le permitirá posicionarse en el mercado de forma ventajosa, aunque sea ilegal».
Según fuentes sindicales, es evidente que la situació requiere de una verdadera “Reforma Empresarial” capaz de acabar con una cultura del fraude muy arraigada que lastra la competitividad de las empresas”. El sindicato considera que las organizaciones empresariales deberían dedicar más tiempo a combatir la economía sumergida, en lugar de plantear obsesivamente el abaratamiento de los despidos y más flexibilidad laboral.
El sindicato advierte del enorme problema que vuelven a aflorar los datos aportados desde la Inspección, ya que los datos de este periodo “son solo la punta del iceberg, detectada con los escasos medios que el ministerio de trabajo dedica a esta materia” .
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