La crisis económica está sirviendo de caldo de cultivo para el aumento del fraude laboral en el campo andaluz. El número de actuaciones sobre economía irregular que la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo en el sector de la agricultura creció casi un tercio entre 2008 y 2010. Además, en el último año se ha detectado una bolsa de empleo no declarado a la Seguridad Social del 28%.

La Inspección admite que la actual legislación dificulta el control del fraude

Mientras la Inspección de Trabajo admite dificultades para controlar la economía sumergida en el sector, los sindicatos piden la implicación de la Consejería de Agricultura para que haga públicas las producciones reales de cada campaña agrícola y poder casar así los datos con los jornales declarados por los empresarios.

El número de inspecciones vinculadas con la economía irregular en el sector agrícola fue de 2.612 el último año, lo que permitió que aflorasen 725 altas a la Seguridad Social de trabajadores que hasta entonces estaban de modo ilegal. Por provincias, Córdoba (568), Jaén (533) y Huelva (453) son las zonas en las que más actas levantó la Inspección de Trabajo, aunque fue en Cádiz, Málaga y Almería donde más irregularidades se detectaron, en términos relativos, de los casos analizados.

El crecimiento de las actas de economía irregular ha sido constante desde el inicio de la crisis, pues se ha pasado de las 2.029 actas de 2008 a las 2.612 del pasado año. El crecimiento del fraude se estima en un 28%. Con todo, la agricultura no está entre los sectores donde más actúa la Inspección de Trabajo (apenas representó el 5,83% del total). De hecho, durante 2010 solo tuvo más actuaciones que la industria, el transporte o el hogar, pero quedó muy lejos de la construcción, comercio, hostelería y servicios.

Pero, más allá del número de inspecciones, los sindicatos recelan de la eficacia de estas actuaciones por los agujeros que presenta la legislación laboral actual. La Seguridad Social permite que las altas de los trabajadores por cuenta ajena puedan presentarse hasta las 12 horas del mismo día del inicio de la actividad, y hasta el mediodía de la jornada posterior cuando el trabajo se desarrolle por la tarde. La Inspección de Trabajo admite en su informe que se viene constatando la existencia de empresas que no solicitan el alta previa de los trabajadores en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) y que la formalizan después de la visita de inspección, dentro de la franja horaria antes indicada, «por lo que el control de la economía sumergida en dicho sector, por falta de alta en la Seguridad Social y cobro indebido de prestaciones en la misma, no puede realizarse con eficacia».

Para intentar revertir esta situación, el sindicato Comisiones Obreras viene reclamando a la Consejería de Agricultura de la Junta que haga pública la base de datos de producciones reales del año anterior y los aforos de la campaña en curso, lo que permitiría a la Inspección cotejar las altas del año anterior con las producciones reales. «De este modo, el que tenga mucha producción y pocos jornales declarados quedará al descubierto», expone Antonio Perianes, miembro de la federación Agroalimentaria de CC OO en Andalucía, quien augura «desfases brutales» entre el trabajo necesario y el realmente declarado.

Solo en la provincia de Jaén, de los seis millones de jornales que se prevén para esta campaña de la aceituna, CC OO teme que apenas se declaren cuatro millones, es decir, una bolsa de fraude de dos millones. José Moral, secretario provincial de CC OO en Jaén, recuerda que la coordinación de la Administración con la Inspección en la recogida de la vid en Ciudad Real supuso un incremento del 70% en las altas a la Seguridad Social.

El informe de la Inspección de Trabajo no solo pone de manifiesto las dificultades para el control de las altas en la Seguridad Social. También admite problemas para controlar la compatibilidad del trabajo con la percepción de la prestación por desempleo.

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