El SAE, condenado por «fraude de ley» en contratos de su personal


No parece muy lógico que una agencia de la Junta que se dedica a buscar trabajo a parados y velar por el cumplimiento de las normas laborales asigne por las bravas a sus empleados tareas distintas de las que establece su contrato. Pero esa paradoja, contraria a los principios que propugna, se ha convertido en la rutina para 413 trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) contratados en octubre de 2008 a través de una oferta pública y al amparo de un programa que financia el Gobierno central.

El citado programa, denominado PEMO —que en Andalucía desembocó en el Plan Memta—, definía de forma muy nítida sus funciones. Básicamente se resumen en dos: ofrecer orientación laboral a desempleados diseñando visitas a empresas y ejercer de intermediarios entre posibles contratadores en medio del páramo laboral de Andalucía, con 1.057.144 parados contabilizados hasta marzo.

Sobre el papel la teoría estaba muy clara. Pero en la práctica el SAE hizo la vista gorda a la ley y utilizó a estos trabajadores como personal de refuerzo de sus oficinas. Para las tareas de orientación laboral no los necesitaba, pues ya contaba con personal de la red Andalucía Orienta.

Cometió con ello un «claro fraude de ley» que se saldado con una rotunda condena del Juzgado de lo Social número uno de Córdoba, que así lo advierte en una sentencia, del 17 de enero, a la que ha tenido acceso ABC. El fallo afecta a dos trabajadoras del SAE que denunciaron que tenían un contrato (por obras y servicios) con tres prórrogas, cuando en realidad desempeñaban las funciones habituales del resto del personal laboral o funcionarios que atienden a los desempleados que pasan cada día por las dependencias del SAE.

El magistrado Juan de Dios Camacho atiende íntegramente las demandas de las denunciantes, que trabajan en una oficina de empleo en la capital cordobesa, y obliga al SAE a reconocerlas como personal laboral indefinido, que no fijo. Argumenta que «lo que en el origen fueron unos perfectos contratos para obra o servicio determinado y practicados por el SAE a las actoras, se ha visto, particularmente a partir de octubre de 2011, por completo desnaturalizado». Expuso dos razones. Por un lado, ya está finiquitado el Plan Memta, dirigido a reenganchar al mercado laboral a afectados por el estallido de la burbuja de la construcción. Por otro, ambas empleadas no se limitaban a gestionar el citado plan, sino que el SAE les asignó las mismas tareas que al resto del personal de la oficina.

La sentencia es firme y va a traer cola. Abre la puerta como personal indefinido del SAE al resto de 411 trabajadores que se encuentran en la misma situación y que fueron seleccionados cumpliendo escrupulosamente el VI convenio del personal laboral de la Junta. Animados por la rotundidad del fallo, unos 150 han presentado ya reclamaciones ante la agencia pública como paso previo a la vía judicial.

La Consejería de Empleo, en la que se incubó al fraude de los ERE, se enfrenta así a un nuevo conflicto laboral en una coyuntura marcada por los recortes. El SAE en la mayoría de los casos no ha contestado a sus reclamaciones y cuando lo ha hecho ha sido de forma negativa. Aplica así una particular ley del embudo. Mientras la situación de estos trabajadores se atasca en la parte más estrecha, por el ancho del embudo se han colado 1.500 contratados de la extinta Faffe, en su mayoría militantes y familiares de cargos del PSOE. Para blindarlos ante la cascada de sentencias en contra, el SAE no ha dudado hasta en inventarse una nueva categoría: la de «personal subrogado».

http://www.abcdesevilla.es/20120409/andalucia/sevi-condenado-fraude-contratos-personal-201204090837.html

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