El sindicato ELA ha informado esta mañana que denunciará ante la Fiscalía la «impunidad sistemática» que a su juicio se está dando en la gestión del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), a raíz de que una reciente sentencia del tribunal contencioso-administrativo de Vitoria aceptase 8 de las 30 reclamaciones presentadas por la organización. La sentencia, que declara al Gobierno vasco culpable por «arbitrariedad en los procedimientos», anula asimismo las adjudicaciones de empleo realizadas en dichos procesos.
Mikel Noval, responsable del Área Social de ELA, exigió hoy en rueda de prensa que Gobierno vasco, los sindicatos CCOO y UGT y patronal Confebask asuman las responsabilidades por el «desastre» en el que, en su opinión, se ha convertido la gestión de Lanbide, y que esta sentencia ratifica. «El cortijo de López que es Lanbide se ha convertido en un caos absoluto», ha señalado.
El sindicato afirma haber intentado abrir negociaciones tanto con el consejo de administración del servicio como con el viceconsejero de Empleo, Javier Ruizz, pero asegura que éstas quedaron en nada y que hasta la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, intentó convencerles de que acudieran al consejo de administración, del que el sindicato se niega a formar parte. «Para nosotros el mensaje era claro: se refería a que fuésemos porque habría dinero, dejando que la impunidad creciese», opinó Ramón Uriarte, de ELA.
Además de la sentencia, el sindicato ha informado de que la Inspección de Trabajo ha levantado varias actas de inspección ratificando un fraude en la contratación de un centenar de trabajadores de Lanbide, en los que ha pedido al Gobierno vasco que regularice la situación de los mismos, algo que si no efectúa podría llevar a los afectados al juzgado.
Por otra parte, ELA ha recordado que Lanbide continúa sin establecer una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que provoca que las irregularidades «se faciliten y alienten», según Uriarte.
Lanbide fue convertido en un organismo autónomo (ente público de derecho privado) el pasado año 2011 por consenso entre el Partido Popular y el PNV, algo que a juicio del sindicato tampoco es «casualidad», ya que permite, en palabras de Uriarte, que los responsables puedan «hacer y deshacer a su antojo».
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/paisvasco/1350474926.html