l expediente del restaurante Río Grande de Sevilla enviado por la Consejería de Empleo a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, es un hito en el desorden administrativo que supuso la gestión de las ayudas de la Junta entre 2001 y 2010. El expediente carece de protocolo de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y el restaurante, «ni cualquier otro documento que tenga por objeto establecer acuerdo entre ambas partes». Es decir, no se formalizó la ayuda pública concedida de 1,3 millones. Además, tampoco figura el convenio necesario entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (el órgano público que ordenaba los pagos).
¿Cómo pudo llevarse a cabo esta tramitación sin el más mínimo control administrativo? Porque existía una línea directa entre la Dirección General de Trabajo y las aseguradoras, responsables últimas de los abonos. Este caótico concepto contable fue denominado internamente en Empleo «pagos cruzados». Tras realizar las transferencias millonarias destinadas a un ERE concreto, Empleo variaba los pagos en función de los compromisos adquiridos con otras empresas. Por esa razón el expediente de Río Grande no figura entre los pagos de la Agencia IDEA, porque fue pagado por la puerta de atrás y de manera irregular. Tanto el ex director general Javier Guerrero como su sucesor Juan Márquez, pidieron a las aseguradoras que destinaran respectivamente 300.000 y 1,3 millones de euros a Río Grande.
Entre los 12 trabajadores que se acogieron a este ERE destaca Carmen Fontela, que declara mañana ante la juez Alaya como intrusa, puesto que supuestamente percibió una póliza de 140.000 euros. Empleo envió a la juez Alaya la pasada primavera el expediente con todos estos datos. Además, la trabajadora Rosa Aparicio fue contratada con 64 años y seis meses después se acogió al ERE. Este diario intentó sin éxito contactar con la gerente del restaurante, Carmen García.
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