Castellón vive de manera “preocupante” el auge de la economía sumergida, por la cual la Inspección de Trabajo ya ha recaudado tres millones de euros en sanciones en la provincia, en solo medio año. Y la alarma, en especial de los sindicatos, viene dada porque, aun con tres años de crisis a las espaldas, los casos no cesan. Al respecto, la representante de CCOO, Encarna Barragán, incidió en que “los parados que hay en la provincia sin ingresos, sin cobrar ninguna prestación ni ayuda suman ya 23.000; lo cual es insostenible y un caldo de cultivo para personas que acaban trabajando aunque sea a cambio de no tener contrato y, por tanto, sin condiciones laborales”.
Con más cifras en la mano, las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo reflejan que en el primer semestre de este año una de cada diez visitas de la inspección a empresas castellonenses acabó en sanción. Así, de las 8.053 actuaciones, se registraron 720 actas de infracción, lo que supone una media de cuatro al día en los últimos meses y un importe de 3.084.104 euros.
MÁS RECAUDACIÓN // Por ahora, en solo medio año, el ritmo es algo superior, pues en todo el 2010 se registraron 15.389 actuaciones y 1.262 multas. Además, la cuantía por multas ya suma este año más que en todo el 2010, cuando fueron 2.625.941 euros, y por tanto se supera la recaudación en 458.163 euros.
Asimismo, volviendo al presente ejercicio, del total un 29% corresponde a irregularidades detectadas en el puesto de trabajo por el área de Extranjería, sumando en multas 897.542 euros.
Las sanciones por irregularidades en la Seguridad Social se elevan a 1.191.774 euros. Y los castellonenses afectados por condiciones ilegales al desempeñar sus funciones ascendieron a 7.051 en medio año, y de seguir a ese ritmo se superarían los 9.967 del pasado año 2010.
Por apartados, en Castellón, las irregularidades ante la Seguridad Social copó las actas de infracción de enero a junio, con 249; y en segundo lugar, Seguridad y Salud Laboral, con un total de 58.
Respecto a la situación, el representante de UGT, Tino Calero, recordó que este año se acometió un plan especial contra el fraude, que perseguía que los empresarios dieran de alta voluntaria a sus trabajadores. Quienes acataran esta casi amnistía, evitarían el alza de las sanciones, a partir del 1 de agosto. Desde el Ministerio hace apenas una semana informaron de las 30.000 altas en toda España, aunque ayer reiteraron que no disponen de datos de la provincia de Castellón. Tampoco fue posible contactar con la Inspección Provincial de Trabajo.
En cualquier caso, Calero recordó además la campaña para detectar empresas ilegales, y las periódicas que se suceden en sectores económicos, “como ahora la agricultura –supervisión de aspectos como la regulación de los contratos temporales–, la hostelería en verano, los riegos laborales, altas indebidas o igualdad”. Precisamente, desde CCOO, Barragán incidió en que “dada la alta carga de trabajo en otros ámbitos, como los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que debe supervisar la Inspección Laboral, se han dejado de lado otros aspectos como la igualdad en las empresas de Castellón”.
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