dECÍA hace unos días el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que hay que acabar con los funcionarios que sean prepotentes e incumplidores. Ahondaba así en la idea propagada meses atrás de que en España hay demasiados funcionarios, para lo cual se proponía incluso un ERE. Sin duda una fórmula maravillosa para salir de la crisis. Desde la emoción que me produce tan altruista interés de los empresarios por el bienestar de la ciudadanía, me permito sugerirles que orienten sus desvelos al ámbito de su competencia, empezando por mejorar las condiciones laborales de esa inmensa mayoría de ciudadanos que trabajan en sus empresas.

Dicho esto y entrando en materia, me gustaría señalar algunos detalles. En primer lugar que en España hay 6,5 empleados públicos por cada 100 habitantes, cifra muy alejada de la de otros países más avanzados y referentes en modelo de bienestar, como los 17 de Dinamarca o los 14 de Suecia; asimismo, el gasto por habitante en salario de los trabajadores públicos es casi la mitad (un 45% menos) en España que en Dinamarca. Por consiguiente no puede argumentarse que en este país haya demasiados funcionarios, ni que una elevada plantilla pública sea por definición algo negativo. Todo depende de los servicios públicos y del Estado de Bienestar que queramos tener.

En cuanto a lo de los funcionarios prepotentes e incumplidores, quiero decir que la imagen que se pretende dar es injusta e irreal. No digo que no haya casos, como en todos los ámbitos de la sociedad, pero de ningún modo se corresponde con la generalidad. Quiero puntualizar que el régimen disciplinario del Estatuto de la Función Pública recoge como faltas la incorrección con los administrados, la falta de respeto a los administrados, el retraso o descuido en el cumplimiento de los deberes, el incumplimiento de los deberes y la manifiesta, reiterada y no justificada falta de rendimiento, siendo leves, graves y muy graves, pudiendo conllevar incluso el despido. Es decir, que existen herramientas para sancionar a esos funcionarios a los que se refiere don Rosell. Que paradójicamente, no habla de los patronos de la administración, ni de las responsabilidades que estos tienen a la hora de optimizar, de organizar bien, de hacer cumplir las normas a los funcionarios, que los gobernantes han de dar ejemplo, y no habla Rosell de los Zaplanas, los Gurtel y todos los chorizos que además de administrar mal los recursos públicos, meten la mano en la caja y son los responsables directos de que en ocasiones los dineros públicos no lleguen al ciudadano.

¿A qué se deben entonces las proclamas del señor Rosell? Hay que partir de la base de que los empresarios no constituyen ninguna ONG y que su finalidad es únicamente la de ganar dinero. Desde esa lógica, lo público nunca ha sido santo de su devoción. Sectores como la sanidad o la enseñanza vienen a ser suculentas oportunidades de negocio a las que no pueden hincar el diente mientras mantengan su actual estatus público. Por otro lado, un mercado laboral lo más precarizado posible es lo que les conviene. En la búsqueda de ese escenario, cualquier reducto de estabilidad y con unas condiciones de trabajo mínimamente dignas, como puedan ser las del funcionariado, y que pudiera servir de referencia a otros trabajadores, supone un estorbo para su objetivo. Por consiguiente necesitan desmantelar lo público. Pero para ello primero tienen que eliminar un escollo: la oposición de la sociedad. Ningún Gobierno se aprestará a dar la estocada final mientras tenga a una gran mayoría ciudadana frontalmente en contra. Por eso la estrategia es a medio plazo, y consiste en ir lanzando esas declaraciones para que los ciudadanos identifiquen la imagen de los trabajadores públicos con unos individuos vagos, bordes y caros, (porque además según ellos ganan mucho), con el fin de que consideren la Función Pública como algo negativo que es mejor quitarse de encima. Por supuesto se cuidarán mucho de mencionar médicos, enfermeras, maestros o bomberos, que también son funcionarios, pero que en general gozan de muy buen concepto entre la gente, hasta el punto de que la ciudadanía no ve con malos ojos aumentos de plantillas encaminados a acortar esperas en consultas y listas quirúrgicas, o más profesorado que reduzca el número de niños por aula. Por eso recurren al estereotipo del burócrata antipático de la ventanilla.

Pero lo más decepcionante de todo este plan para la defunción pública son algunos silencios políticos ante las declaraciones de la CEOE. Las izquierdas no solo tienen que hablar en las campañas electorales de lo público. Pronto, de cara a las elecciones generales, hablarán. Pero con menos crédito, pues no se puede decir que se defiende el sistema público cuando no se defiende a sus trabajadores.

http://www.noticiasdenavarra.com/2011/08/05/opinion/tribuna-abierta/funcionarios-vagos-bordes-y-caros