El Juzgado de lo Social número 19 de Barcelona ha declarado nulo el despido del exdirector de Comunicación del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) David Compañón, quien demandó a la empresa pública de la Generalitat por considerar que la extinción de su contrato obedecía a su militancia en Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), formación que suele concurrir a las elecciones en coalición con Iniciativa per Catalunya. La juez admite la reclamación por «vulneración de derechos fundamentales» y rechaza que el despido se produjera por causas objetivas y no poder desligarlo de «su vinculación político-ideológica».
Compañón fue empleado público de la empresa de vivienda Adigsa desde 1987 hasta 2007, cuando tuvo que pedir una excedencia para pasar a dirigir el departamento de Comunicación del Incasòl. No era un cargo de confianza, sino personal laboral con la responsabilidad de directivo. Tras la llegada de CiU al Gobierno catalán, junto con Compañón salieron del Incasòl 22 trabajadores más, y de la sociedad de vivienda, 15. Muchos de ellos denunciaron que fueron despedidos por su afiliación a Iniciativa. Tras su despido del Incasòl, Compañón trató de volver a Adigsa, pero se le comunicó que también allí prescindían de él.
La Generalitat alegó causas económicas y productivas para proceder a los despidos. Sin embargo, la juez considera que en este caso esos argumentos no son razonables, entre otros motivos porque su cargo no ha sido amortizado, sino que ahora lo ocupa un miembro del consejo nacional de CiU. La juez argumenta, además, que si bien el Incasòl atraviesa un «difícil momento» por la crisis económica y financiera y sus efectos en el mercado inmobiliario, la actividad de la empresa pública podría compensarse con otras actuaciones dirigidas a usar el suelo para «favorecer la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna» de los ciudadanos.
La juez tiene en cuenta otro de los hechos que esgrimió Compañón al denunciar el despido por «vulneración de derechos fundamentales». Este participó el 29 de septiembre de 2010 en la huelga general que los sindicatos convocaron para protestar contra la reforma laboral que había aprobado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El portavoz de CiU en el distrito de Gràcia, Carles Agustí, pidió la dimisión o el cese de Compañón por haber participado en un «piquete coactivo» a pesar de su «doble responsabilidad», en el distrito y la Generalitat. La juez considera, no obstante, que «la intervención del demandante en las movilizaciones» fue «activa y se desarrolló sin que se produjeran incidentes».
La juez concluye, pues, que no puede desvincularse el despido de su militancia en EUiA y su actuación en la huelga. Compañón deberá reincorporarse ahora al Incasòl, de acuerdo con una nota remitida por la Generalitat el próximo 14 de noviembre. Una portavoz del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, del que depende el Incasòl, aseguró que la empresa pública está estudiando si recurre la sentencia.
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