Inspección de Trabajo impone en Baleares multas por 25 millones euros en 2010


Las cifras se han conocido tras la reunión que ha mantenido hoy en Palma el delegado del Gobierno en Baleares, Ramon Socias, con las organizaciones empresariales de las islas para presentarles el plan para la regularización y el control del empleo sumergido en España, que está en vigor desde el mes pasado.

En total, durante el año pasado se realizaron 11.850 inspecciones de trabajo en el archipiélago frente a las 10.256 de 2009 y las 8.950 de 2008.

Las infracciones se refieren al incumplimiento de la normativa competencia del Estado -Seguridad Social, Ley de Extranjería y empleo irregular- así como de la comunidad autónoma -empleo y relaciones laborales y prevención de riesgos laborales-.

Socias ha explicado sobre este nuevo plan del Gobierno que los empresarios tienen de plazo hasta el 31 de julio para regularizar voluntariamente a sus empleados; a partir de esa fecha las sanciones se multiplicarán hasta por cinco.

Esta iniciativa no supone en ningún caso una amnistía ya que hasta el 1 de agosto se mantendrán las sanciones establecidas actualmente en la ley por incumplir la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social.

A partir de entonces las sanciones se endurecerán muy significativamente, a veces más del 300 por ciento.

Así, en caso de incumplir la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social, la sanción pasará de los 625 euros como mínimo y los 6.250 euros como máximo que se contemplan actualmente, a multas de entre 3.126 euros a 10.000 euros a partir del 1 de agosto.

En caso de compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones de desempleo y otras de la Seguridad Social que sean incompatibles, las sanciones actuales -que van de 6.251 euros a 187.515 euros-, serán de 10.001 euros como mínimo y se mantienen los 187.515 euros de máximo.

Incumplir la normativa laboral, ha señalado Socías, supone competencia desleal, que no se respeten los derechos de los trabajadores y además defraudar a la Seguridad Social.

El delegado del Gobierno ha dicho que comprende que la gente «intente buscarse la vida» en una situación de crisis económica, pero ha insistido en que «la mejor manera» de hacerlo es «dentro de la legalidad».

Socias ha señalado que al tratarse de actividades fuera de la ley no se conoce qué número de empresas y personas trabajan de este modo, aunque está claro que si hay más de cuatro millones de parados en España y no hay revueltas sociales es porque hay empleo sumergido.

Los empresarios que trabajan de manera irregular, ha añadido el delegado del Gobierno, deben pensarse si les interesa legalizar su actividad o exponerse a elevadas multas que posiblemente hagan inviable su actividad de manera definitiva.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=837714

Imprimir | PDF



Recibe notificaciones para seguir el debate:
Notificarme vía email si hay
guest
0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios