El sindicato CIG divide la administración concursal a la que se someten las empresas de la provincia en dos tipos: aquellas en los que hay bienes que liquidar y los que no. Pero la clasificación no responde a las posibilidades de cobrar más para los trabajadores afectados. Se trata más bien, según Rafael Iglesias, secretario comarcal del sindicato, de cómo se dilatan los procesos.
El líder sindical reclamó ayer un mayor control judicial de los procesos de liquidación que afectan a los bienes de empresas en quiebra. ¿Por qué? Pues porque el sindicato ha detectado una dilatación de los procesos cuando hay bienes empresariales por liquidar y un cierre de los procesos más rápido cuando no los hay. Iglesias apunta a malas prácticas por parte de abogados que llevan los procesos «para garantir o pago das súas minutas», algunas de las cuales llegan a alcanzar los cuatrocientos mil euros.
Falta de ética
Rafael Iglesias, quien eludió cuestionar si el proceder es legal o ilegal, sí alertó acerca de la falta de ética de los mismos y reclamó a los jueces que tomen cartas en el asunto para «extremar o control». El sindicato, que ha fiscalizado algunos procesos, ha constatado anomalías en los que afectan a firmas como Proinsa, Aglonor, NOvo y Sierra o I. González. En algunos casos, explica Iglesias, procesos que se dilatan desde el año 2005. «Os avogados van metendo minutas, minutas, minutas… ¿pero que é isto?», se pregunta Iglesias. Sin embargo, según el representante sindical, cuando no hay bienes que liquidar, los procesos duran entre seis y doce meses, asegura, en referencia a que los letrados tampoco tendrían mayores garantías de cobro.
«Nós o que pedimos ás súas señorías é que tomen coñecemento disto e actúen en consecuencia», insta la CIG. Al parecer, ha habido algún movimiento en este sentido, aunque no formal. «Parece ser que nalgún caso, algún administrador concursal pasaba unhas minutas un pouco daquela maneira e se lle deu un toque».
http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2011/10/27/0003_201110P27C5991.htm