La economía sumergida detrae 3.160 millones de euros al PIB de Cantabria


¿Cómo es posible que una región con 46.786 parados (y un país con casi 5 millones) no sufra una explosión social? Es una pregunta que se hacen muchos ciudadanos. La respuesta tiene mucho que ver con la economía sumergida, que ha crecido más por la crisis, pero que no deja de hacerlo desde el año 2000. Y son cifras destacables: en Cantabria, según los datos aportados por Gestha (Cuerpo de Técnicos del Ministerio de Hacienda), en 2009 se escamotearon 3.163 millones de euros, el 23,7% del PIB regional de ese año, que fue de 13.346 millones de euros. Para apreciar el volumen de la economía en ‘negro’ regional basta decir que los Presupuestos de Cantabria de este año son inferiores a esta cifra: 2.395 millones de euros.

Y este déficit económico -y también moral- pasa factura religiosamente al bolsillo de todos los que pagan impuestos. Además, no es una cuenta pequeña. Los cálculos de Gestha sostienen que cada cántabro debe pagar 859 euros de más en impuestos para compensar la evasión fiscal y laboral de los defraudadores y así poder mantener el nivel y calidad de los servicios públicos.

El fraude recorre todos los estamentos de la sociedad, desde el dentista al fontanero, pasando por la empleada de hogar, el empresario y el propio consumidor. ¿Para qué pedir una factura con IVA al médico o al carpintero si, además, hay que exigirla porque es difícil que te la faciliten normalmente? ¿Como resistirse efectivamente al pago ‘en B’ en las transacciones inmobiliarias? ¿Para qué dar de alta a la empleada del hogar si a ella no le interesa y, además, no cobra el paro?

Esta deslealtad tributaria y social frena el PIB nacional y los autonómicos. Y no para de crecer: en 2000 alcanzaba el 18,3% y ahora está en Cantabria en el 23,7%, al mismo nivel que la media nacional, que es del 23,3%; alejada para bien de comunidades similares como La Rioja, con un 31,4% y para mal de los vecinos asturianos (un 20,2 %) y de los vascos, (un 20,6%).

Los datos que aportan los técnicos de Gestha sobre el impacto de la actividad económica sumergida son, como no puede ser menos para algo oculto, estimativos, pero coinciden con las cifras que habitualmente maneja el servicio de estudios de las cajas de ahorros.
David Cantarero, profesor titular de Economía de la Universidad de Cantabria cree, sin embargo que es necesario un estudio pormenorizado de la importancia de la economía sumergida en la región «para el que hay una metodología suficiente. Sólo hay que ponerlo en marcha».
Según su apreciación, la conciencia de la levedad de la sanción y la alta posibilidad de no ser descubierto influye en el fraude, «aunque pienso que es más una cuestión de cultura del contribuyente que del posible coste que ello le supondría. Sin embargo, la decisión de contratar trabajadores irregularmente, por ejemplo, se dará cuando el ahorro de costes sea mayor que la penalización por no pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. Las sanciones deberían, por tanto, ser mayores. El plan contra la economía sumergida de este año de ‘zanahoria’ (periodo de gracia) y ‘palo’ (persecución de infractores) no ha sido muy exitoso».

Pero Cantarero no obvia la responsabilidad moral del contribuyente. «Recordemos que el obligado a pagar el IVA es el consumidor final», precisa. Cree que son necesarias reformas fiscales más contundentes y precisa algunas sugerencias para atajar el fraude en las facturas, quizás el más habitual. «Por ejemplo, no estar obligados a ingresar un IVA no cobrado podría ser una buena medida para no ahogar financieramente a las empresas y autónomos. Otra sería que el aportar facturas reporte beneficios como, por ejemplo, que dé garantías».
Rodolfo Rodríguez Campos, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, asegura que hay un amplio margen para la lucha contra la economía sumergida. Según este economista y asesor, que presidió la agrupación cántabra y ahora opta a dirigir la nacional, la Agencia Tributaria debe centrar sus esfuerzos en intentar sacar a la luz a los contribuyentes que nunca han hecho la declaración, «en vez de perseguir a los que ya la hacen». «Hace años -recuerda Rodríguez Campos- se realizaban labores de peinado en los polígonos industriales reclamando datos y documentos a las empresas y se lograban buenos resultados. Hay que salir de los despachos y hacer trabajo de campo buscando las nuevas actividades económicas en coordinación con la Seguridad Social. Sería además un rasgo de justicia tributaria, ya que los empresarios que pagan y están al día de sus obligaciones tienen una desventaja competitiva con los desleales».
Más educación social

¿Qué falla para que el porcentaje de fraude sea más elevado en España que en otros países europeos? Hay muchas razones, pero quizás una destaca: en España, y en Cantabria, no está mal visto socialmente defraudar a Hacienda. Es más, eludir las obligaciones fiscales y hacerlo sin penalización y sin ser descubierto es incluso admirado en algunos ámbitos.

Cantarero no entiende porqué no son habituales las campañas de concienciación ciudadana como sucede con el caso de la circulación y la prevención de accidentes. «Seguro que traería más beneficios que costes si se acompaña con sanciones más duras. El ejemplo de lo que ha pasado con el tráfico es perfectamente aplicable: se elevaron las multas y los controles y los resultados han sido inmediatos: han bajado los muertos en accidente y la gente corre menos». Y sostiene también que se debería estimular para que las personas que sepan de algún tipo de fraude lo pongan en conocimiento de la Agencia Tributaria, «eso si con total protección de la identidad de la persona que formula la denuncia». Identifica, además, uno de los bloques más significativos de concentración de fraude: «Deben vigilarse las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias».

«Algo falla para que exista este nivel de fraude», asegura igualmente Rodríguez Campos. «Hay que extender la conciencia tributaria y potenciar la educación».

La economía ‘negra’ es también un fraude al Estado que drena recursos imprescindibles en tiempos de crisis. Y puede haber soluciones para atajar esta sangría, y soluciones que serían muy rentables para Hacienda. Según los técnicos de Gestha, una reducción de 10 puntos del PIB sumergido (del 23,7 al 13,7 el procentaje habitual en Europa) supondría una recaudación adicional para la hacienda cántabra de 496 millones de euros, que se repartirían entre 328,6 millones de la parte tributaria y 167,6 millones de la adicional de cuotas sociales.

Gestha ha elaborado un paquete de medidas para reducir el fraude fiscal, ajustar el déficit y reactivar la economía. Carlos Cruzado, presidente de este colectivo, cree que la limitación en el uso del dinero en efectivo supondría una reducción sustancial de la evasión fiscal, por lo que plantean a los partidos políticos que las facturas de más de 1.000 euros pagadas total o parcialmente en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador no sean deducibles en el IRPF, el Impuesto de Sociedades e IVA.

Igualmente, sería necesario posibilitar la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operen en los territorios calificados como paraísos fiscales, eliminando prácticas abusivas para reducir la factura internacional de las grandes corporaciones trasnacionales.

Sociedades e IRPF

La piedra angular del plan propuesto por los técnicos de Hacienda pasa por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- que eleve del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros. Gracias a esta única medida, la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales (128 millones en Cantabria) y se reduciría la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.

Junto a la modificación del Impuesto de Sociedades, Gestha propone replantear el IRPF para eliminar las normas contrarias a la progresividad, entre las que piden excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro. Además, si se elevara el tipo de este último gravamen hasta el 24% se obtendrían casi 1.380 millones de euros anuales adicionales para las arcas públicas, de los que 20 millones de euros procederían de Cantabria.

Se pide, además, la restricción del uso del sistema de módulos, instaurando la estimación directa como norma general, salvo para aquellos empresarios que destinen sus bienes y servicios al consumidor final, que deberían poder escoger al término de su ejercicio fiscal el régimen que mejor se adaptase al ritmo de su actividad.

Riqueza y patrimonio

Otro de los pilares de este ambicioso plan sería la creación de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y vías de evasión del Impuesto sobre el Patrimonio recuperado parcialmente en los dos próximos ejercicios.

No obstante, para Gestha, su buen funcionamiento, sobre todo para evitar la elusión de las rentas del capital en el IRPF, está supeditado a la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de tal forma que se establezca un porcentaje máximo de participación en las Sicav de entre el 2% y el 5% del capital social que evite el escamoteo de las rentas del capital en el IRPF que ahora se produce.

http://www.eldiariomontanes.es/v/20111113/economia/destacados/economia-sumergida-detrae-millones-20111113.html

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