La Inspección de Trabajo aflora 5.205 empleos sumergidos en la provincia de Alicante


La Inspección de Trabajo en la provincia de Alicante promovió un total de 5.205 altas a la Seguridad Social, según los datos correspondientes a las actuaciones realizadas durante el año 2011 y que han sido publicadas este martes por el Ministerio de Trabajo.

Según la información hecha pública por el sindicato Comisiones Obreras, las irregularidades detectadas en la provincia suponen un fraude anual para las arcas de la Seguridad Social que supera los 34 millones de euros, al tratarse de trabajos realizados al margen de los cauces legales, sin figurar en los registros fiscales ni estadísticos, a los que hay que sumar el importe de las sanciones que supera los 6 millones de euros.

El número total de actuaciones realizadas por la inspección en el área de la Seguridad Social durante este periodo se sitúa en 19.284, registrando un ligero descenso en relación con el año anterior, con 211 menos. Este dato explicaría la minoración de altas a la Seguridad Social promovidas, en comparación con el año 2010(-477).

Según CCOO esto demuestra que la detección del fraude tiene una relación directa con los medios de la Inspección. Recuerda el sindicato que el año pasado se produjeron dos bajas en la plantilla, que no se han recuperado hasta el año 2012 y que han dejado la delegación de trabajo en Alicante, en la actualidad, con 27 Inspectores y 28 subinspectores.
Reforzar el Código Penal

Comisiones Obreras subraya, además, que “parte del empresariado entiende la sanción como único lenguaje”. Recuerda que, a finales de 2011, finalizó “sin demasiado éxito” el Plan de Regularización y señala que el endurecimiento de las sanciones contemplado en la nueva normativa “tampoco tiene los efectos disuasorios esperados”.

Según CCOO, las penalizaciones económicas que se recogen en el informe estadístico de Trabajo son “teóricas”, ya que el cobro real, tanto de las sanciones como el de las liquidaciones, en muchas ocasiones se complica por la imposibilidad de imputar jurídicamente a los defraudadores, que ocultan la verdadera titularidad de las empresas.

La secretaria general del sindicato en L’Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, considera que es “urgente que se produzca un endurecimiento del código penal que castigue con dureza este fraude a la seguridad social”.
La provincia con más empleo sumergido

Por provincias, donde más empleo sumergido se ha detectado es en Alicante, con 5.205 altas promovidas por la Inspección de Trabajo, seguida de Valencia con 3.258 y Castellón con 997. La valenciana es la segunda comunidad en número de fraudes detectados (9.208), sólo por detrás de Andalucía (13.490 altas). El tercer y cuarto lugar lo ocupan respectivamente Cataluña (6.811) y Madrid (5.044 altas).

Alicante, con 19.284 actuaciones, es la provincia de toda España que más economía sumergida registra superando a Barcelona(40.917 actuaciones y 4.830 altas) y a toda la Comunidad de Madrid. Esto refleja, apunta CCOO, el “arraigo que esta práctica ilegal tiene en el territorio”.

La inspección en el área de la Seguridad Social representa más del 45% (19.284 actuaciones) del total de la actividad registrada en la Alicante que suma, un total de 42.141 actuaciones realizadas en el año 2011.

Desde Comisiones Obreras destacan que en este periodo el Ministerio ha transformado en indefinidos en toda la comunidad 3.773 contratos, 2.502 en Valencia, 1037 en Alicante y 234 en Castellón. Esto evidencia, según el sindicato, que en materia de contratación también existe un nicho importante de fraude.

Navarro añade que, “en un contexto tan negativo para el empleo como el actual y una tasa del paro del 30%, cuando miles de trabajadores han agotado las prestaciones por desempleo, es una inmoralidad que algunos empresarios aprovechen para instaurarse en la economía sumergida, vulnerando derechos fundamentales de las personas trabajadoras”.

A juicio de la organización sindical, estas practicas son “una verdadera sangría económica para la Seguridad Social, cuantificando además que con el dinero del fraude se podrían pagar miles de pensiones”.

A la luz de los datos analizados, CCOO PV afirma una vez más que “para combatir realmente esta situación es imprescindible reforzar los programas anti-fraude y las plantillas de las Inspecciones de Trabajo, como garantes fundamentales del cumplimiento de la normativa laboral” concluyen.

El sindicato advierte del enorme problema que vuelven a reflejar los datos aportados desde la Inspección, ya que considera que las cifras de este periodo “son solo la punta del iceberg, detectada con los escasos medios que el ministerio de trabajo dedica a esta materia” denuncian.

Considera además que las organizaciones empresariales deberían dedicar más tiempo a combatir la economía sumergida que en este territorio lastra la competitividad de las empresa , “en lugar de plantear obsesivamente el abaratamiento de los despidos y más flexibilidad laboral”.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/12/alicante/1339499501.html

 

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