El trabajo conjunto que están realizando la Inspección de Trabajo -dependiente del Gobierno central- y la Dirección General de Trabajo del Ejecutivo cántabro está permitiendo sacar a la luz el doble de fraudes en la contratación de trabajadores que hace un año.
Entre los meses de enero y agosto se detectaron 706 trabajadores en situación irregular, sin dar de alta en la Seguridad Social, un 99,4 % más que en el mismo periodo de 2011, es decir, el doble, según ha explicado a Efe la directora general de Trabajo, Rosa Castrillo.
Y si se cuenta hasta el mes de octubre ya son 800 los casos detectados, tal como ha apuntado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, en la comparecencia parlamentaria en la que ha informado sobre el presupuesto regional para 2013.
El aumento no se cree que se deba tanto a un incremento del fraude en este ámbito, sino al trabajo que se está realizando para sacar a la luz la economía sumergida.
De hecho, mientras que en Cantabria se han duplicado los casos detectados, en el conjunto del país el aumento ha sido bastante menor, en torno al 14 %, tal como ha señalado Castrillo.
Cuando la Inspección detecta estos fraudes sanciona a la empresa y, según los casos, también puede tener consecuencias para el trabajador.
Si la empresa tiene empleado a un trabajador sin darle de alta en la Seguridad Social, la sanción mínima es de unos 3.200 euros, pero puede aumentar en función de otras circunstancias.
Pero si, además, ese empleado está cobrando al mismo tiempo una prestación de paro, la sanción mínima para la empresa es de 10.000 euros, mientras que al trabajador se le retira la prestación de desempleo.
Cuando se trata de trabajadores extranjeros en situación irregular la normativa aplicable varía.
La labor de detección de estas irregularidades corresponde a la Inspección de Trabajo, que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno cántabro está colaborando aportando información sobre posibles focos de fraude, contribuyendo con ello a detectar algunos de esos casos.
Según ha explicado Rosa Castrillo, ahora se va a ampliar la colaboración para canalizar también información que puedan aportar la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y otras consejerías del Gobierno regional, no sólo la de Economía.
En adelante se quiere implicar también a la administración local y, para ello, Trabajo ya ha trasladado la propuesta a la Federación de Municipios de Cantabria.
En 2013 se seguirá intensificando este trabajo y se actuará también en el seguimiento de los expedientes de regulación de empleo temporal y de reducción de jornada, un campo en el que la Dirección General de Trabajo tiene «sospechas» de que también podrían existir posibles fraudes.
Castrillo ha resaltado que el objetivo de la Inspección de Trabajo con estas medidas no es «recaudatorio», sino que tiene un fin «disuasorio» para aflorar la economía sumergida.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1292828