El secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores y Amador Torres, asesor jurídico de CCOO han presentado esta mañana en rueda de prensa las conclusiones de la investigación realizada por la Policia Judicial, adscrita al Fiscal Superior de Andalucía, que aprecia indicios de delito por parte del centro especial de empleo Marketing Finance & Professional Contact Center S.L (MKF) por la contratación de personas discapacitadas para posteriormente despedirlas y cobrar así las subvenciones otorgadas por la Junta para tal fin.
El Fiscal Superior de Andalucía ha dado traslado de las diligencias de investigación Penal, iniciadas contra esta empresa, al Juzgado de Instrucción número 1 de Granada para que investigue la presunta comisión de varias infracciones penales, por parte de la demandada.
Tal y como denunció en su día CCOO, los hechos podrían ser constitutivos de varias infracciones penales; contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y de varios delitos contra los derechos de los trabajadores.
Para el secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, es un motivo de satisfacción que se hayan confirmado las irregularidades denunciadas en su día por este sindicato. Se ha probado por lo tanto, ha asegurado Flores, que la empresa estaba realizando una actividad ficticia para enriquecerse de forma ilícita.
El representante sindical ha denunciado la “falta de escrúpulos” por parte del empresario que ha utilizado a unos trabajadores obligatoriedad de mantener los puestos de trabajo durante tres años, lo que no se ha cumplido.
Por lo tanto, se verá obligado a devolver el dinero defraudado: que el decreto establece en 1.384.241,68 euros, ha terminado Flores que ha reiterado la disposición de CCOO de colaborar con el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada para lo que sea necesario.
Así lo establece el propio decreto: “parece que nos encontramos ante una conducta sistemática y claramente encaminada a la obtención irregular de grandes sumas de dinero a través del cobro de subvenciones que han sido creadas para incentivar la contratación de personas con discapacidad. (…) la empresa acredita una falta de interés por sostener una actividad comercial suficiente y real y que otorgara alguna viabilidad económica a la empresa beneficiaria de tan generosas ayudas públicas y en una materia tan sensible como la contratación y el empleo de personas discapacitadas”.
Este será uno de los primeros casos que se tratará en la recién creada Fiscalía para la Tutela Penal y contra la Discriminación de la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, Amador Torres, asesor jurídico del sindicato en este caso, ha destacado que el fraude calculado por la policía judicial afecta a 308 trabajadores que han sido engañados por esta empresa “que a su vez ha engañado a la Junta de Andalucía”.
Por otro lado, en relación a la reclamación interpuesta por MKF demandando a la administración 384.000 euros en concepto de ayudas no percibidas, esta ha sido sobreseída.
Los trabajadores afectados proceden de las provincias de Granada, Málaga y Jaén, donde MKF contaba con sedes. A ambas provincias se ha dado traslado del citado decreto para su investigación.
Torres ha confirmado que CCOO ha interpuesto ante la Inspección de Trabajo una serie de denuncias por la comisión de infracciones laborales en materia de prevención de riesgos. Además, el sindicato está tramitando denuncias contra la empresa por impago de salarios y la Justicia ya ha empezado a declarar los despidos como improcedentes.
Por último, CCOO de Granada lamenta la actuación de la Junta en este caso “que no ha cumplido el deber de vigilar las subvenciones que da”.
Fuente:radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid=71515