“Las condenas por seguridad laboral están al mismo nivel que los delitos de maltrato o seguridad viaria”


Tras el reciente fallecimiento de un obrero en el Colegio La Salle-San Luis en Donostia, en una obra en la que se ha denunciado que faltaban las más elementales medidas de seguridad se ha reabierto el debate de los accidentes laborales. Juan Manuel Ramilo reivindica una cultura de la prevención, pero denuncia que, especialmente en tiempos de crisis, se prima lo barato ante lo seguro.

¿Qué criterios emplean para medir la seguridad en una obra?

Parten desde antes del inicio de la misma. Para empezar, el cliente o promotor tiene que designar a unos técnicos, bien sea el redactor del proyecto, del estudio de seguridad, el director de obra o coordinación, según la casuística de la obra. De hecho, estos son los que deben asesorar a ese cliente para llevar. Pero luego ocurre que por intentar abaratar la obra, los clientes renuncian a muchas de sus obligaciones. Se podría decir que prima lo barato frente a lo seguro, lo que se traduce en: me ahorro el documento, el técnico, por lo que la obra me sale más barata ya que contrato al más barato. Esto pasa muchas veces por falta de conocimiento. Por ejemplo, se desconoce que la seguridad laboral está a nivel de fiscalía o de juzgados a la misma altura que los maltratos o la seguridad viaria.

En un accidente como el de La Sa-lle-San Luis, ¿cuáles podrían ser las penas?

Habrá una condena penal. Es más, las penas serán de prisión, aunque estimo que los abogados que defenderán a los responsables del colegio intentarán que la pena sea menor de dos años para que no vayan a prisión directamente. Aun así, habrá condena de prisión e inhabilitación para ejercer de la profesión del que ha contratado al trabajador y habrá una multa económica. Estamos hablando de temas muy serios.

¿Quién sería el responsables al hacer la obra?

Todos son responsables salvo al trabajador que hay que protegerle de sus propias imprudencias. Eso dicen en los juzgados, aunque no lo comparta. Es más vulnerable, pero no puede ser que le des instrucciones y formación y pase de ella. Pero siempre buscamos a un responsables. De hecho, los fiscales y jueces dicen que solo son algunos los responsables de estas cosas. No obstante, el que se dedica a la construcción y tiene sus trabajadores; ha de velar por ellos. La responsabilidad en estos casos suele ser de una falta de cultura preventiva de toda la sociedad. Es muy habitual que se deje hacer y luego se busquen responsables después de que haya ocurrido una cosa así, como la de La Salle-San Luis. Tienes que saber a quién contratas, ya que según a quien contrate las obligaciones se duplican y pueden coger un abanico ingobernable. Pasas de ser promotor a ser contratista.

¿Cuáles son las diferencias entre ser contratista y promotor?

El promotor es el que encarga unos trabajos que no le corresponden y el contratista es en lo que te conviertes cuando pasas a ser el empresario que tiene que velar por los trabajadores. Todos no pueden ser contratistas, como algunos Ayuntamientos (Donostia sí tiene permiso) que se dedican a hacer “chapucillas” entre sus propiedades y que contratan a un autónomo con el riesgo que conlleva si ocurre lo de La Salle-San Luis. No deberían dedicarse a ello y tendrían que buscar a especializada en obras como arquitectos técnicos o aparejadores. Muchos te responderán que ya tienen su servicio de prevención, pero en las obras siempre estamos en estas batallas porque no se puede trabajar de cualquier manera ni ir a lo más barato por ahorrarte una serie de obligaciones. Volviendo al caso de La Salle-San Luis, aquí sí va a haber una clara condena penal por un incumplimiento de obligaciones.

¿Qué relación hay entre crisis y precariedad laboral?

Hemos perdido mucho terreno porque con muchas empresas habíamos conseguido que se pusieran al día a nivel de prevención de riesgos y medidas de seguridad. Pero con la crisis y la competencia que hay a día de hoy prima lo barato ante de lo seguro. Lo barato es lo que algunos sindicatos denuncian (salario, contratar extranjeros, que son más vulnerables, la formación…). Por otro lado, ser obrero es una profesión de riesgo y la formación que hay no es la más adecuada. No hay que dejar trabajar a “cualquiera” con 20 horas de un cursillo en el que ni te examinas, y que encima te permite trabajar en un andamio.

¿La eventualidad eleva los riesgos?

Sí. Desde las bases de la misma sociedad no vemos esos peligros y creemos que esas responsabilidades de seguridad corresponden a otro. Además, hay normas que se cumplen ficticiamente. Por ejemplo, a un trabajador extranjero que no sabe castellano y que va a un cursillo presencial sin examen, se le da una homologación. Yo me lo encuentro en una situación de riesgo, como técnico, y ¿cómo se lo transmites cuando en teoría está formado? Es flagrante. De hecho, no somos conscientes del daño que hacemos. Hay una falta de cultura preventiva en general. Por eso creo que hay que estar bien asesorados desde “gente técnica” (no desde una gestoría de papel), que entienda la construcción y que guíe al cliente.

¿Por dónde pasa la solución?

Debería haber una mejor unificación de normas, ya que las existentes son demasiado liosas y difíciles de controlar. Son realmente infinitas e ingobernables. Tenemos normas UNE que solo son posibles comprándolas y lo peor es que hay criterios de aplicación de normas que son subjetivos e incluso contradictorios entre distintos departamentos de la Administración. Aun así, no está en la Administración vasca; sino en las normas desde Madrid.

¿Cuál debe ser el papel de la Administración?

La Administración es el mayor promotor del Estado, pero tiene menor número de obligaciones y creo que se podría implicar más en ordenar las obras. Además, hay algunas normas que permiten a ciertos promotores ser contratistas. El ayuntamiento de Donostia puede, pero hay muchos ayuntamientos de Euskal Herria de los que tengo serias dudas de que tengan todo legalmente vigente.

¿Y el de los sindicatos?

Si seguimos en la misma sintonía algo está fallando. Los sindicatos deberían aportar algo más que manifestarse y protestar, además de que hay una falta de preparación técnica. Independientemente de que haya que defender al trabajador de sus imprudencias, hay que ir más allá en la formación de los obreros y hay que implicarles más en la cultura preventiva. Todos fallamos en lo fundamental: cumplir las normas, y la cultura preventiva.

¿Y el nuestro?

Yo soy autocrítico. La solución está la conciencia de la ciudadanía. En la prensa siempre se da la misma información de repulsa y lamento. La ley de prevención dice que hay que prever y luego actuar. Creo que hay que insistir. En los mismos periódicos las fotos reflejan situaciones “irrelevantes” (inicio de una obra…) pero al mismo tiempo otras cosas como riesgos (caídas). Mucha gente que entiende de seguridad laboral no dice nada. Además, la sociedad no es consciente y tiene que serlo, ya que tal y como están las leyes y normas no se debe contratar de cualquier manera a la gente; sino que hemos de contratar formalmente.

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