Las condenas por despidos nulos e improcedentes han costado a las arcas municipales hasta 400.000 euros desde marzo de 2011, según denuncia el sindicato Usipa en base a los fallos emitidos en los últimos meses tanto por los tribunales de primera instancia como por el TSJA. Usipa advierte además de que «aún están abiertos un número nada despreciable de procedimientos y otros muchos que no se han iniciado y lo harán en un futuro».
La mayor parte de estos despidos denunciados ante el juez y en los que finalmente se ha reconocido la razón de los demandantes están relacionados con los contratos firmados para la temporada estival con los socorristas encargados del servicio de salvamento. En muchos de esos casos, en los que tras dos o más veranos ejerciendo esa actividad con contratos temporales a estos trabajadores se les comunicó su cese por la finalización de la obra para la que habían sido contratados, el juzgado les reconoció su condición de fijos discontinuos. En concreto se señalaba que esta era la figura más adecuada «para necesidades que son constantes y reiteradas en concretos periodos de tiempo, como son precisamente las del servicio de salvamento en playas».
Uno de estos socorristas, para el que el fallo proponía como opción su readmisión en el mismo puesto, recibió finalmente una indemnización de 25.779 euros, esto es, 4.496,94 más 70 euros adicionales por cada día transcurrido entre la fecha del despido -30 de septiembre de 2010- y la notificación de la sentencia -28 de julio de 2011-. La indemnización más elevada de las reflejadas en la relación de sentencias que maneja el sindicato, no obstante, corresponde a un arquitecto técnico que desde 1990 trabajó prácticamente de forma continuada para el Ayuntamiento de Gijón con diferentes contratos temporales, hasta que en julio de 2010 se le notificó la extinción del último de ellos.
El Juzgado de lo Social número 1 emitió una sentencia condenatoria en la que declaraba la improcedencia del despido y obligaba al Ayuntamiento a readmitirle en su puesto o indemnizarle con 26.907,96 euros, más los salarios dejados de percibir desde el día de su despido hasta el de publicación de la sentencia. El TSJA ratificó esta decisión, y la cuantía total se elevó a 43.230,54 euros.
83.000 para una psicóloga
Otro caso que destacan los funcionarios es el de una psicóloga de escuelas taller en talleres de empleo cuya readmisión o indemnización se fijó por fallo judicial en 46.169,06 euros más 101,75 euros por día desde la fecha de despido hasta la comunicación de la sentencia y el paso de ese tiempo desde abril de 2010 cuando se formalizó el despido y la el pago de la indemnización elevó la cuantía a algo más 83.307 euros.
Usipa considera que todas estas sentencias «son la ruinosa herencia que ha dejado el anterior equipo de gobierno, ordenando incluso, de modo inexplicable, despidos in extremis durante el pasado mes de junio, después de perder la Alcaldía». El sindicato define la política en materia de contratación del gobierno socialista, que según destaca era competencia del exconcejal de Administración Pública y Hacienda y actual líder de la oposición, Santiago Martínez Argüelles, como «personalista y excluyente».
Asegura además que se seguían «premisas» como «la contratación en fraude de ley de personal laboral temporal, desempeñando puestos de trabajo que debían ser ocupados por personal funcionario o personal laboral fijo; el nombramiento en los tribunales de selección de delegados electos de sindicatos afines, excluyendo al resto, y la elaboración de bases y convocatorias aparentemente adaptadas, en alguna ocasión, a los intereses personales de algún opositor».
Lamentan además «el incumplimiento de las leyes de igualdad, realizando como colofón a su gran actuación un despido nulo de una trabajadora por estar embarazada a la que se tuvo que readmitir e indemnizar y las imposiciones, falta de diálogo y sensibilidad social, sustituidas por actitudes prepotentes y por el constante recurso a la vía judicial para sustanciar las relaciones laborales, dotando a los servicios jurídicos de nuevos medios humanos y materiales, con un gasto de 600.000 euros anuales, para pagar los costes que originaba esta política».
En total el sindicato maneja 27 sentencias que declaran improcedentes y nulos los despidos de 34 trabajadores. Su relación no incluye cuatro sentencias conocidas esta semana, con nuevas indemnizaciones por un importe aproximado de 49.000 euros, también por despidos de socorristas. Usipa destaca que en muchas ocasiones el Ayuntamiento está siendo condenado además a abonar las costas judiciales.
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