La polémica sobre si es aceptable que los políticos, en este caso los concejales de Valencia, gocen de escolta y coche oficial se abrió con la crisis y las estrecheces presupuestarias. El anuncio de ETA en octubre pasado de que ponía fin a la violencia avivó más el debate sobre la idoneidad del servicio. Antes, los ediles de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia habían renunciado a coche y escolta como gesto de austeridad. Sólo el Grupo Popular municipal conservó vehículos y guardaespaldas.
El PSPV invita a los ediles del PP a usar el transporte público para desplazarse
Ayer, el sindicato mayoritario en el Consistorio, el SPPBL, alzó de nuevo el tono de sus protestas no por la idoneidad del servicio, sino por las tareas que algunos ediles del PP dan a sus escoltas. Según declaró un dirigente del sindicato, «una cosa es si procede mantener el servicio, en lo que no entramos, y otra que en ocasiones [los escoltas] se empleen como chóferes, que no lo son».
Según esta organización policial, los escoltas, que suelen conducir el vehículo oficial de los concejales, son enviados a comprar el periódico, cargar con las bolsas del supermercado o llevar los hijos al colegio. Hace unos meses desvelaron que algunos coches oficiales llevan instalada en la parte trasera hasta la silla infantil de forma permanente. «Los escoltas no son recaderos», reiteró un portavoz del SPPBL.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, replicó ayer al sindicato policial desde los pasillos de las Cortes Valencianas. Los escoltas que prestan servicio a los ediles del Consistorio, comentó la regidora, trabajan con los concejales «como Dios manda». Barberá enmarcó las quejas sindicales por los supuestos servicios fuera de su función que prestan los escoltas a la negociación colectiva abierta con los sindicatos policiales.
«Se está negociando el convenio y entonces todo es posible», respondió Barberá, quien desacreditó las denuncias: «Cuando hay debates sobre la situación laboral, se dicen muchas cosas. Al final unas responden a la verdad y otras no», apostilló.
Sobre si el PP renunciará o no al servicio de escoltas en breve -ya lo han hecho o anunciado políticos y cargos institucionales del País Vasco como el lehendakari Paxti López-, Barberá repitió ayer lo que ya dijo el pasado domingo. Se aferró a la cautela que aconsejan varios ministerios del Gobierno. «El Ejecutivo central ha dicho que no hay que bajar la guardia y no se va a bajar la guardia».
En la oposición no están de acuerdo con la alcaldesa. El portavoz socialista Joan Calabuig insistió en que la situación política deja cada vez más claro que no está justificado el uso de escoltas. «Menos aún cuando a los agentes se les asignan tareas que no son de su cometido», declaró Calabuig. El concejal socialista recordó que su grupo -también el resto de la oposición- renunció al coche oficial y a la protección al inicio de mandato e insistió en que «no hay amenazas objetivas». Si encima, añadió, los coches oficiales, que están para la seguridad, son utilizados para actividades familiares y personales, el servicio se pervierte. Calabuig invitó a los ediles del PP a utilizar el transporte público.
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