Los funcionarios acusan al Gobierno de encubrir una bajada de sueldos al mermar el pago de la baja temporal


Los cuerpos de altos funcionarios del Estado denuncian la decisión del Gobierno de reducir las prestaciones de baja a partir del cuarto mes por incapacidad laboral de los trabajadores públicos en aras de reducir el gasto. La medida supone tratarlos como presuntos defraudadores, afirman.

El Plan para reducir el absentismo de los empleados públicos que contempla el Plan Nacional de Reformas 2012, ya aprobado por el Consejo de Ministros, conlleva la reforma el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, que supone que dejarán de cobrar su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal.

Una medida que la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), le produce “sorpresa, perplejidad y asombro”, además de una “completa y absoluta disconformidad”.

Según adelantaba el Gobierno el mes pasado, el plan tendrá un “impacto presupuestario muy positivo, aunque difícil de cuantificar exactamente”, que establece tres objetivos: ahorrar gastos en personal, aumentar la productividad de los empleados públicos y disminuir la contratación de interinos.

Prevé que los gastos de Muface, el organismo público dependiente de Hacienda que gestiona la protección social de los funcionarios, se reduzcan al reformarse los requisitos para cobrar el subsidio por enfermedad que paga esta entidad a partir del cuarto mes de baja.

Según el texto, ya enviado a Bruselas, se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por incapacidad temporal a los departamentos de personal en el régimen especial de funcionarios y se eliminarán las licencias por enfermedad para los funcionarios que hayan recibido el alta o que no hayan acudido al reconocimiento médico sin una causa justificada.

Ahora estos empleados públicos reciben la totalidad de su nómina durante los tres primeros meses de incapacidad temporal, además de la suma de las retribuciones básicas y el subsidio de incapacidad temporal de Muface a partir del cuarto mes de la baja, explica el sindicato de altos funcionarios.

Medida discriminatoria
En virtud de la nueva norma, los Funcionarios Civiles del Estado afiliados al Régimen Especial de la Seguridad Social dejarán de cobrar su nómina completa “por el hecho de encontrarse con necesidad de recibir asistencia sanitaria por enfermedad o accidente sin poder desempeñar su trabajo”, recuerda este sindicato de funcionarios en un comunicado hecho público este lunes.

La medida discrimina directamente a los funcionarios civiles del Estado frente al resto de empleados públicos de la administración central, así como de quienes trabajan en la empresa privada, continúan. “Es una medida discriminatoria frente a otros empleados públicos de la Administración General del Estado afiliados a la Seguridad Social, que perciben el subsidio de incapacidad temporal mientras están de baja (el 60% de la base de cotización del mes anterior a la baja desde el cuarto al vigésimo día y el 75% a partir del día 21), además de la diferencia entre el mencionado subsidio y la totalidad de las retribuciones que les corresponderían de estar trabajando”.

Asimismo, “la mayor parte de los trabajadores del sector privado tienen derecho, en virtud de los convenios colectivos sectoriales, a que sus respectivas empresas les abonen la diferencia de ingresos citada en el inciso precedente, siendo las Mutualidades Profesionales las que se encargan de evitar el absentismo laboral”.

“Nos están demonizando”
“Las prestaciones económicas de incapacidad temporal sustituyen las rentas laborales que se dejan de percibir”. Recuerdan que los empleados públicos de baja por enfermedad quedarán “desvalido”s y califican de “desproporcionada” la medida para ahorrar gasto público. “Para conseguir dicha finalidad deberían utilizarse otros medios que no dejen a los funcionarios en situación de precariedad, por considerarles presuntos defraudadores”».

Desde Fedeca acusan al Gobierno de estar “demonizándoles” falsa e inmerecidamente, pues “muchos ciudadanos pueden pensar que estamos utilizando prestaciones públicas de protección social para incumplir nuestras obligaciones para con el sector público, lo cual es sumamente injusto”.

Bajo su punto de vista, si el fin que se persigue es ahorrar y prevenir el absentismo, “las Administraciones públicas disponen de unidades médicas que deberían controlar más y mejor los procesos de incapacidad temporal de los empleados públicos y corregir así las deficiencias o, en su caso, fraudes o abusos que puedan darse al respecto”, pero no “suprimir retribuciones económicas a los funcionarios enfermos o accidentados”.

“La medida no obedece a criterios de racionalidad, sino de cómoda conveniencia” para reducir de nuevo, encubiertamente, las retribuciones de las plantillas públicas.

http://www.expansion.com/2012/05/21/funcion-publica/1337600281.html

 

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