Los sindicatos de Pontevedra han advertido este miércoles de que la crisis provoca que los trabajadores tengan «miedo» a denunciar peligros en su puesto y que «sacrifiquen su propia seguridad» para evitar perder su empleo.

Así lo ha dicho el representante de CC.OO. en Pontevedra, Carlos Búa, tras una reunión con los responsables de UGT y CIG de la comarca con la fiscal delegada de siniestralidad laboral de Pontevedra, Marta Durántez.

En el encuentro los participantes han constatado un descenso significativo en las cifras de siniestralidad laboral en el último año, algo que atribuyen «a que también bajó el número de trabajadores», de acuerdo con las declaraciones hechas por el secretario comarcal de UGT de Pontevedra, Ramón Vidal.

Por su parte, la fiscal ha avisado de que «no se puede justificar con la crisis el incumplimiento de la normativa laboral». «Nosotros vamos a seguir acusando igual, independientemente de la situación económica de la empresa. Si es un delito, es un delito; no podemos hacer otra cosa», ha expuesto Durántez.

«Hay menos muertes porque hay menos trabajadores en activo, pero los empresarios siguen incumpliendo y con una firma en un talón resuelven todo», ha protestado Búa.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, correspondientes al primer trimestre del año, en la provincia de Pontevedra se produjeron un total de 2.387 incidencias en jornada laboral con resultado de baja médica, lo que supone un descenso del 13,55% frente a los computados en el mismo período del año anterior.

La fiscal ha asumido este «miedo por parte del trabajador a denunciar», ante el riesgo de perder su empleo. «Ese es el principal problema que tenemos ahora», ha dicho.

Por su lado, los sindicatos han trasladado las «dificultades» que se están encontrando para que se cumplan los mínimos exigibles en determinadas empresas, algo que achacan a la reforma laboral y a que muchos trabajadores «sacrifican su propia seguridad antes de ser despedidos».
INSPECCIÓN DEL TRABAJO

A la salida de la reunión, todos los participantes coincidieron en señalar el problema que tiene la Inspección de Trabajo para llevar a cabo su «ingente tarea» con la reducción del personal que padece y dado que se trata de «un servicio que ya estaba deteriorado antes de la crisis». Fiscal y sindicatos han reclamado reforzar los medios humanos y materiales de este departamento.

«También nos parece lamentable que se tarden seis o siete meses en investigar una denuncia», ha señalado el portavoz de CC.OO., mientras que Carlos Búa ha acusado a la patronal de ser «una auténtica incumplidora» y ha exigido condenas aleccionadoras. «Las sanciones no son efectivas; aquí tiene que haber penas de cárcel», ha reclamado.

La fiscal ha replicado que la ley prevé penas de menos de no más de dos años para estos delitos, lo que suele derivar en el que los empresarios no van a la cárcel, salvo que reincidan. En este último caso, ha indicado Durántez, solo tiene constancia de un empresario de Cambados, pendiente de juicio, que irá a prisión si resulta condenado.
ENCUENTROS PERIÓDICOS

Este tipo de encuentros entre la fiscalía y los sindicatos se celebran con una periodicidad anual desde hace cuatro años, momento en el que la Fiscalía General del Estado impulsó las especialidades.

«Para el Ministerio Público estos encuentros son muy importantes ya que ofrecen al jurista una visión real del mundo laboral distinta de la que se tiene desde un despacho», ha señalado Durántez. «Para mi es vital y de una gran utilidad», ha agregado.

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