La administración electrónica es quizá la mejor arma contra el fraude laboral. Desde hace ya más de un año la Tesorería de la Seguridad Social exige realizar todos los procesos a través de la Red y Hacienda invita cada vez más a sus contribuyentes a que presenten las declaraciones ‘on line’. Disponer de un canal directo y acceder a toda esa información a través de la web facilita el cruce de datos que puedan dejar al descubierto cualquier fraude.
Este año más que ningún otro se pondrá a prueba esa estrecha vinculación para sacar a flote las irregularidades, especialmente en el ámbito del trabajo. Los inspectores detectaron en 2010 alrededor de 2.500 infracciones en la provincia que conllevaron sanciones de 5,14 millones de euros, según recoge el último Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Desde principio del pasado año y hasta junio se realizaron un total de 5.714 visitas a distintas empresas, de las cuales, un 25,8% (1.473 concretamente) terminaron levantando acta por infracción y en 1.452 ocasiones se aplicó un requerimiento o un acta de advertencia al detectarse irregularidades que provocasen algún perjuicio directo sobre el trabajador. La mitad de las actividades sancionadoras, 755 de ellas, o lo que es lo mismo, el 51% se debe a fraudes contra la Seguridad Social, como altas ficticias, compatibilizaciones indebidas de prestaciones con el trabajo por cuenta propia o ajena o incrementos injustificados de las bases de cotización. En este aspecto, las multas ascendieron a algo más de un millón de euros.
Pero eso no ha permitido que se reduzcan las irregularidades. Dada la situación, es más bien todo lo contrario. El secretario general de Empleo de CC OO en Cádiz, Manuel Campoy, explica que hace unos años los trabajadores denunciaban los abusos con cierta facilidad. «En cuanto había algún incumplimiento de convenio se solían presentar reclamaciones», pero eso cada vez resulta menos común.
Dada la situación, el nivel de denuncia va bajando. Campoy señala que «casos graves no suelen llegar y de los que el sindicato tiene conocimiento los pone en manos de la Inspección de Trabajo».
No es lo que más beneficia al colectivo de trabajadores pero «tal como están las cosas, muchos prefieren tener un sueldo, aunque suponga un abuso a no tener nada», asegura el responsable sindical.
Precisamente «combatir el fraude fiscal es una de las vías para conseguir liquidez en lugar de aplicar tanto recorte». Lo explica Miguel Abreu, secretario de Empleo de UGT Cádiz. Señala que «habría que establecer el control sobre los grandes patrimonios y no tanto sobre los asalariados que tienen muy poco margen para defraudar».
Abreu recalca que «hay muchas empresas que tienen personal contratado a media jornada y el resto de las horas se pagan en ‘b’ o incluso se pide más esfuerzo por menos dinero». Son situaciones que cada vez escapan más a la inspección por el miedo a la denuncia.
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