El número de demandas por despidos improcedentes que siguen manejando los juzgados de lo social de Málaga continúa estando en niveles muy altos, aunque los picos parecen remitir algo en relación a los terribles ejercicios de 2009 y 2010. Si en los años 2007 y 2008 los casos de personas que denunciaron despidos improcedentes se movieron entre los 2.000 y los 3.000 –los datos difieren según se miren las estadísticas del juzgado decano de Málaga y las de balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, la cifra llegó en el fatídico 2009 hasta casi las 5.650, en este caso tomando la cifra mayor estimada por el CGPJ. El ejercicio 2010 se movió en torno a los 4.500 y este 2011 repetirá cifras bastante por encima de los 4.000.
Sin embargo, según los sindicatos CCOO y UGT, esta contención no se debe para nada a una mejora de la economía sino que refleja dos realidades bastante deprimentes. Por un lado, que las empresas ya despidieron durante los dos años anteriores a la mayor parte de trabajadores que consideraron superfluos para ajustar sus plantillas al mínimo para realizar la travesía por el desierto de la crisis.
Por otro, que una gran parte de lo que serían despidos improcedentes se están resolviendo con pactos previos a la vía judicial entre empresarios y trabajador que, por desgracia, están resultando cada vez menos ventajosos para el que se va a la calle: de los 45 días por año trabajado que le corresponderían (33 para los contratos de fomento del empleo), la indemnización se está quedando en una media de 25 días por año.
Según datos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) resolvió en el primer semestre de 2011 un total de 2.324 expedientes por despido improcedente, evitando su llegada a los juzgados. Y luego está la vía más rápida de todas, que es cuando el empresario, con tal de quitarse al trabajador de en medio para ahorrar costes, reconoce desde el principio la improcedencia del despido pagando los 45 días para evitar un paso por los juzgados que, una vez emitida la sentencia, le haría tener que desembolsar también lo que se conoce como salarios de tramitación.
Aceptar la indemnización menor
El secretario provincial de UGT, Manuel Ferrer, señala que en estos momentos toda la fuerza en esa negociación previa al paso a los juzgados la tiene el empresario, dado el interés del trabajador por obtener su indemnización cuanto antes. Y recuerda que, hasta la crisis, el trabajador despedido de forma improcedente y que amagaba con ir a los tribunales solía sacar entre los 30-40 días por año.
«El trabajador tiene que comer, y se están aceptando muchos despidos con indemnizaciones muy bajas», lamenta Ferrer, que critica la precarización del mercado de trabajo al que han llevado las reformas laborales de Zapatero.
Por su parte, el secretario provincial de CCOO, Antonio Herrera, lamentó la creciente incidencia de lo que denomina «despido sumergido», en referencia a los pactos que el empresario alcanza con los trabajadores al margen de las instituciones de conciliación laboral o los juzgados, y siempre por debajo de lo que estipula la ley.
«Si el número de despidos improcedentes en los juzgados están algo más bajos es por esto y, sobre todo, porque ya no hay mucho más donde despedir», apuntan tanto Herrera como Ferrer. La construcción es un ejemplo: el sector concentraba hasta 2008 a más de 100.000 trabajadores en activo en Málaga; hoy son apenas 40.000. A muchos, además, no ha hecho falta despedirlos; simplemente no se les ha renovado contrato.
Una visión alternativa la ofrece el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Juan Fernández, quien observa un aumento de la conciliación laboral previa a juicio que sí considera positiva, con medias de indemnización entre los 30 y 33 días. Además, y en su opinión, la cifra de 4.000 demandas anuales por despidos improcedentes en los juzgados de Málaga sigue siendo «muy significativa» dado que hay 13 juzgados de lo social en Málaga, lo que daría una media de más de 300 casos por órgano.
«Teniendo en cuenta que un juzgado de lo Social debe ver como máximo 500 casos al año y que, además de los despidos, tiene que atender un sinfín más de asuntos, se ve que este tema ocupa por sí mismo buena parte de su capacidad», comenta.
En relación a las pérdidas económicas que alegan las empresas como causa objetiva para despedir, Fernández señaló que son reflejo de la complicada situación actual, aunque destacó que ese argumento tiene que ser muy bien probado. También apunta que, aunque la reforma abría la puerta a poder justificar un despido por previsión de pérdidas económicas futuras, los graduados sociales aconsejan no apostar por esa vía.
«Ante el juez hay que fundamentar la carta de despido, y si es por pérdidas, hay que poner los datos. Alegar pérdidas a futuro es algo muy indeterminado», dice.
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