La Inspección Provincial de Trabajo de la Delegación del Gobierno en Murcia ha impuesto sanciones de 30.000 euros y 10.000 euros a dos empresas por vulnerar los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Una de estas resoluciones, a las que ha tenido acceso Efe, acuerda multar con 30.000 euros a la sociedad «P.V.M.», mientras que la segunda afecta a la empresa «I. J.B., S.L.», que es multada con 10.000 euros.
Los acuerdos señalan que sus responsables disponen del plazo de un mes para proceder a ingresar esos importes, con la advertencia de que, de no hacerlo, «les será exigido por vía ejecutiva, con un recargo del 20 por ciento».
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