Agustín Manzano inició su andadura profesional en la azucarera de El Portal el 21 de abril de 1979 y hasta hace bien poco no ha sabido lo que es estar ocioso. Ahora, de golpe, le han surgido todos los problemas a raíz de su despido, que se ha producido junto con el de tres compañeros más del comité de empresa en una «maniobra» de la dirección, a la que acusan de haber tomado represalias contra los sindicalistas por la aparición de unas pintadas que aseguran no haber realizado.
Un conflicto que ya viene de lejos y que ayer acogió la celebración de un nuevo juicio en el que se sentaron en el banquillo los responsables de la antigua Ebro, por haber vulnerado presuntamente los derechos de dos trabajadores, Agustín Manzano y Manuel Laínez. La vista duró más de tres horas en el Juzgado de lo Social número 3, tras lo que los demandantes abandonaron la sala contentos y esperanzados.
«Creemos que todo ha salido bien para nosotros -declaró Manzano-, a pesar de que la Fiscalía se ha puesto de parte de la multinacional. Pero nuestra impresión inicial es buena». La acusación particular, ejercida por Hugo Gómez, aportó varios testigos, todos trabajadores de la planta, que apoyaron la versión de los demandantes y pusieron en antecedentes a los presentes sobre el inicio del conflicto, que arrancó cuando la fábrica contrató a una empresa externa para trabajos de limpieza que, según el personal, deberían haber sido acometidos por los fijos discontinuos de la azucarera.
Injusticia sindical
Manzano recordó ayer lo ocurrido lamentando que se haya cometido con ellos una «terrible injusticia»: «Nos han cortado el cuello por ser representantes de los trabajadores y hay algunos sindicatos que están vendidos. El comité nos ha dado la espalda y se ha desentendido de nosotros, cuando no hemos cometido ningún delito, sino que somos víctimas de un abuso de poder».
Aún así, a pesar de todas las dificultades, asegura tener la conciencia «muy tranquila» y confiar en que los tribunales repongan el daño causado. Con la incorporación laboral o con una indemnización que se ajuste a sus años trabajados; lo importante, en cualquier caso, es que la justicia reconozca que se han visto «pisoteados» sus derechos y restablezca su «dignidad» herida.
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