Nueve de cada diez inspecciones del Ministerio de Trabajo son por contratación irregular y abuso de extranjeros


Hasta que lo despidieron hace un mes, René Conde tenía una jornada de 17 horas diarias, que aumentaban a 20 los fines de semana, por 800 euros al mes y sin contrato. Boliviano, de 40 años y padre de cuatro chicos, trabajaba en el servicio doméstico para una familia adinerada de Madrid. Hacía de todo: planchado, costura, calzado, recados, carpintería, cocina, limpieza, fontanería… "Es un abuso, pero yo trabajo de lo que haga falta porque tengo que vivir. Mi pecado fue pedir a los señores un derecho: poder dormir en mi propia casa, en lugar de en el garaje, junto a las tuberías", asegura. En diciembre, le dieron vacaciones por primera vez, hasta el 10 de enero. Al regresar, le despidieron, junto al otro sirviente.

Sin papeles, cobertura sanitaria, derecho a paro, vacaciones, jubilación… "El salario es el único aliciente que encuentran los inmigrantes en la economía sumergida, pero miles de ellos caen en asfixiantes regímenes de explotación", asegura la secretaria de Política Social de Madrid de CCOO, Ana González. "Es la esclavitud del siglo XXI", sentencia.

Un hombre cuenta que ha llegado a atender cenas con 53 invitados

Por su parte, la responsable de Igualdad de UGT-Madrid, Nuria Manzano, denuncia la falta de inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo en "un modelo [el de emplear a españoles y extranjeros sin contrato] que la crisis ha potenciado", debido a la reducción de costes que supone.

El Ministerio de Trabajo realizó, entre enero y septiembre de 2010, un total de 65.353 inspecciones de trabajo, en las que detectó 5.002 infracciones. De ellas, el 92% fue por motivo de extranjería, la mayoría por emplear irregularmente a sin papeles. El 8% restante corresponde a discriminaciones por sexo, irregularidades en el fomento de empleo o deficiencias en la integración de discapacitados.

Disponibilidad total

La precariedad se dispara en la obra, el campo y la limpieza de casas

La jornada de René comenzaban a las 6.30 horas, con la preparación de los desayunos, y terminaban cuando el último miembro de la familia se había acostado. Los fines de semana, "los señores salían a cenar y regresaban a las tres de la madrugada", recuerda. En ocasiones, él y otro empleado llegaban a atender cenas con hasta 53 invitados.

René denuncia que le obligaban a llevar a los niños en coche. "Los señores eran conscientes de que no tenía carné y yo sabía que había cárcel si me pillaban al volante. Iba temblando", reconoce. En la casa, los dos sirvientes comían de las sobras que quedaban. "Si los dueños tenían más hambre y repetían, no cenábamos", recuerda. Tampoco le daban ropa y la tenía que pedir en una parroquia.

La familia vive en dos chalets del centro de Madrid y la urbanización de La Florida. En verano, se trasladan a una lujosa finca de 1.000 metros cuadrados en Navarra.

La Ley de Extranjería permite regularizar a quien denuncie a su explotador

"El control en el empleo doméstico es más complicado porque el inspector de trabajo tiene que entrar en un domicilio particular", explica Manzano. UGT atendió en 2010 en su sede de Madrid 162 casos de abuso y explotación. Por su situación de vulnerabilidad, tanto UGT como CCOO atienden a inmigrantes aunque no estén afiliados a los sindicatos ni tengan su documentación en regla. La construcción, la hostelería, el empleo doméstico y la agricultura son las principales trincheras de los explotadores.

La Ley de Extranjería ofrece una fórmula para combatir la economía sumergida y la esclavitud de sin papeles: el arraigo laboral, que permite regularizar la situación de un sin papeles si denuncia a su explotador. Es necesario presentar la resolución de un juez o el acta de infracción de la Inspección de Trabajo, demostrar dos años de estancia en España (los últimos seis meses, trabajando) y no tener antecedentes penales.

En un despacho de la sede central de UGT, junto a René, Evaristo de los Reyes, colombiano de 40 años, relata una experiencia similar. Trabajaba en una empresa de mudanzas y, durante cinco años, fue ganando antigüedad hasta convertirse en el principal proveedor de trabajadores low cost del dueño. "A los tres años, le pedí que me regularizara, pero siguió engañándome dos años más con falsas promesas", señala.

Dos sirvientes comían de las sobras de sus empleadores

"La sentencia podría tardar en llegar cinco o seis meses", le advierte Manzano. Evaristo cabecea y plantea acogerse al retorno voluntario para volver a su país. "Pasados esos meses, puede que me den los papeles, pero no puedo esperar a que pase la crisis para trabajar", espeta el colombiano, que lleva meses viviendo en los salones de las casas de sus amigos. Tiene mujer y dos hijos. La pequeña es española, de modo que también podría regularizarse por arraigo social, si consigue un contrato de un año.

"Detrás de un trabajador sin papeles hay un empresario desaprensivo. Se aprovechan de que son trabajadores más vulnerables", denuncia la responsable de CCOO. Para ahorrar dinero a la empresa, algunos trabajadores "han tenido que dejar sus contratos y trabajar en negro. O aceptan o se van al paro", critica González.

Amenazas de empresarios

"Si me denuncias y me buscas un problema, tú tendrás diez", le amenazó el dueño de la empresa a Enrique Romero, un boliviano de 33 años, cuando le reclamó los más de 1.000 euros que le debía, en el año 2005. Aquellos años, en plena efervescencia en España del sector de la construcción, el empresario levantaba un sinfín de chalets en la opulenta urbanización de Entrepinos (Madrid).

"Le iba muy bien. Compraba parcelas y vendía las casas antes de construirlas recuerda Enrique, pero a nosotros nos trataba como a animales". En la cuadrilla de obreros, apenas había españoles. Rumanos, brasileños, marroquíes, bolivianos, polacos… la mayoría, sin papeles. "Trabajábamos de sol a sol y era habitual que no nos pagase los fines de semana ni las horas extras que hacíamos", describe.

Tras asesorarse en CCOO, buscó testigos antes de denunciarle. "Fui a hablar con el dueño de la empresa en compañía de un vecino del pueblo, para que lo viese todo. Le pedí mi dinero y me dijo que no me pensaba pagar", prosigue.

En el juicio, el dueño de la empresa aseguró que no lo conocía, pero, tras el testimonio de dos compañeros de trabajo, el juez falló a favor de Enrique. A los 1.000 euros que le debía, el magistrado añadió otros 6.000 por despido improcedente. Ahora, trabaja en un taller de jardinería en la piscina municipal.

"Trabajar sin papeles es inhumano porque no estás dado de alta en la Seguridad Social y, si tienes un accidente laboral, no hay protección. Pero no nos queda otra salida", reflexiona.

Aunque los explotadores españoles son mayoría, también hay extranjeros que abusan de sus propios compatriotas. La última operación policial contra la explotación de sin papeles se realizó el 9 de febrero en Madrid. La Policía Municipal registró cuatro talleres textiles del Chinatown de la capital, el barrio de Usera, donde trabajaban 38 ciudadanos asiáticos. 13 de ellos se encontraban en situación irregular.

Las jornadas de trabajo que tenían duraban entre diez y 14 horas. En el momento del registro, los agentes constataron graves deficiencias que ponían en peligro la seguridad de los trabajadores como, por ejemplo, peligrosas anomalías en la instalación eléctrica, manipulación del contador de luz para aumentar el voltaje, ausencia de extintores y de contenedores de basura ignífugos, y falta de señalización e iluminación de emergencia.

 

http://www.publico.es/espana/362986/trabajaba-17-horas-diarias-por-800-euros

 

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