Rafael y Marcos, amigos y veteranos trabajadores de la construcción, son dos claros ejemplos de la crisis que padece el sector en Gipuzkoa. Tras toda una vida dedicada a la obra, estos dos vecinos de Errenteria se vieron un día en la calle. El primero, pintor, lleva casi dos años en el paro. Su compañero y amigo, peón, sufrió primero un ERE de seis meses hasta que finalmente fue despedido.
Al quedarse sin trabajo y ver que el tiempo pasaba sin que la situación del sector mejorase y las posibilidades de recolocación siguieran bajo mínimos, comenzaron a pensar que no es suficiente con quedarse en casa lamentándose. Por eso han decidido pasar a la acción y han constituido una ‘Plataforma de parados de la construcción en Gipuzkoa’ con la que pretenden dar a conocer a la sociedad las «irregularidades» que se producen en este sector.
«Irregularidades» como «salarios de cinco o seis euros por hora» y jornadas de «más de diez horas de trabajo». Ambos se preguntan, «¿cómo se pueden entender estos horarios cuando se habla de crisis» y cuando, según datos del registro de los servicios públicos de empleo, hay 3.901 parados en este sector en el territorio?».
Rafael Llorente censura, además, que los empresarios «se aprovechan de la actual coyuntura, y coaccionan a los trabajadores con el despido si denuncian las irregularidades».
Lamentan que las inspecciones de trabajo, que podrían regular este incumplimiento, «no son todo lo efectivas que deberían ser». Por un lado, porque «en la mayoría de las ocasiones las empresas están preparadas para recibirlas, porque saben cuándo van a llegar». Y por otro, porque el número de controles «es muy escaso».
La nueva plataforma pide el apoyo de partidos e instituciones para que «las empresas se comprometan a cumplir el convenio, apuesten por la estabilidad de las plantillas y se obligue a las empresas a hacer público el listado de empresas que se van a subcontratar» en cada obra. «Se debe de sancionar duramente el inclumplimiento y si es necesario, con penas de cárcel», reclama Llorente.
Más dureza en las sanciones
La plataforma se adhiere a un requimiento presentado por varios sindicatos a la Diputación de Gipuzkoa en el que solicitan que todas las empresas que incumplan el convenio tengan «sanciones administrativas severas de tipo económico» y «puntos negativos a la hora de licitar una obra». Asimismo, reclaman que las Juntas Generales se planteen convertir este requerimiento en norma foral.
Con este objetivo, «en septiembre haremos concentraciones frente a las sedes de los distintos partidos políticos para que se posicionen al respecto».
Llorente recuerda que cualquier ciudadano entiende que si un conductor comete una infracción grave, o le retiran el carné o se le sanciona con pena de cárcel. Por eso «exigimos más dureza en las sanciones a los empresarios que cometen infracciones».
La plataforma está creciendo poco a poco, a través de movilizaciones y pancartas que cuelgan en las calles y en pocas semanas han recabado el apoyo de «varias decenas de afectados».
Aunque no saben mucho de redes sociales, son conscientes del poder que tienen hoy en día, y por eso, han abierto una página en Facebook en la que procuran difundir su mensaje. Y ahora, se centrarán en mantener contactos con otras asambleas y colectivos, que abarcan todo tipo de sectores de parados de Euskadi, con la intención de agrupar ideas con los otros territorios históricos. Con todo ello, esperan «aunar fuerzas» aunque saben que «el recorrido no será fácil» pero insisten en que «no se está exigiendo algo descabellado».
http://www.diariovasco.com/v/20110813/economia/desempleados-construccion-movilizan-20110813.html