Tomó la palabra un policía portugués, pero el discurso que iba a pronunciar representaba también el sentir de sus colegas españoles. Dicen no atreverse a hablar porque el Ministerio del Interior los están «friendo a expedientes». Más de 140 en el último año y medio, según denuncian los sindicatos.
Los funcionarios dicen que recibieron 140 expedientes en un año y medio
La rueda de prensa que dieron ayer varios sindicalistas policiales en la sede de UGT de Santiago fue peculiar. Junto al agente luso había colegas españoles que respondían indirectamente a las preguntas a través del portugués y uno de una asociación de guardias civiles que ocultaba su rostro con pasamontañas y gafas de sol por miedo a represalias. «Han llegado a expedientar a compañeros por estar sentados en una mesa como esta sin pronunciar una palabra», aseguró.
Esta situación de «represión» a la hora de expresarse ha llevado a los funcionarios a convocar una manifestación para el próximo día 28. Pero tampoco quieren hacerlo en España para no ser sancionados. La protesta se desarrollará en torno a la frontera española con Portugal, en la provincia de Salamanca. Los policías y guardias civiles se manifestarán en la localidad lusa de Vilaformoso, mientras que sus colegas lusos lo harán en el pueblo colindante, Pueblo Nuevo, ya que ellos no pueden ser expedientados.
«Los policías de un país deben gozar de idéntico estatus de derechos y libertades que el resto de ciudadanos a quien prestan el servicio de seguridad que el Estado les encomienda. Sin embargo, en algunos países que presumen de progresismo y libertad, sus policías son privados de los derechos más elementales, siendo víctimas de la más brutal represión quienes pretendan avanzar en la consecución de los legítimos derechos que deberían ampararles», relató el agente Armando Ferreira, miembro del un cuerpo de las fuerzas de seguridad de Portugal.
Ferreira leyó un comunicado consensuado con colegas españoles del Sindicato Unificado de Policía, el Sindicato Nacional de la Policía, la Unión Federal de la Policía y la Unión de Guardias Civiles en el que relató que España no queda al margen de la represión a sus policías, «como demuestra la constante apertura de expedientes disciplinarios a representantes policiales por ejercer el derecho universalmente reconocido de la libertad de expresión».
Esta actitud del Gobierno español se ha recrudecido en el último año y medio, según Ferreira -apuntado por sus homólogos españoles- porque «los Ejecutivos tienden a reprimir y a acallar críticas en el último tramo de sus mandatos».
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