El procedimiento sancionador abierto en agosto se ha convertido en un expediente que puede llevar al despido sin indemnización de 50 trabajadores. La dirección de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) comunicó este viernes a los afectados que les imputa una falta “muy grave” por la protesta en la que se interrumpió el informativo de Canal 9 el 16 de julio, cuando se comunicó a la plantilla que la empresa pública abría un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 1.198 de los cerca de 1.600 trabajadores de la cadena. Entre los expedientados hay 13 de los 23 miembros del comité de empresa, de CC OO, Intersindical, UGT y CGT.
La empresa quiere aplicar a los trabajadores el artículo 80.3 del convenio colectivo, en el que se sancionan conductas de “fraude, deslealtad y abuso de confianza en el ejercicio de las funciones encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva de delito o falta dolosa dentro de la empresa o con ocasión de servicios en el exterior”.
La dirección de RTVV también acusa a los expedientados de “atentar o impedir el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía”. Los afectados tienen siete días para redactar su respuesta y proponer pruebas de descargo. La sanción puede consistir en una suspensión de empleo de 21 a 60 días o un despido sin indemnización.
El presidente del comité de empresa de RTVV, Vicent Mifsud, aseguró que se trata de “una represalia más de la empresa contra los trabajadores” por haberse negado a aceptar el ERE. Mifsud exigió que se archiven los 50 expedientes y también los procedimientos abiertos a ocho trabajadores de Canal 9 en Alicante por una protesta contra el ERE en RTVV que se produjo mientras se realizaba una conexión desde l’Altet.
Maquillar una masacre
El PP tiene prisa por elegir a los miembros del consejo de administración de la empresa que sucederá a la actual Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, lo justificó en que la nueva ley, aprobada al final del último periodo de sesiones, marca un plazo de cuatro meses para hacerlo tras su publicación. La razón de fondo, sin embargo, es la necesidad de ofrecer una imagen de acuerdo con la oposición mientras se ejecuta el ERE que dejará en la calle a la inmensa mayoría de los trabajadores de la cadena autonómica.
Hace dos semanas que el portavoz parlamentario del PP en funciones, Rafael Maluenda, inició contactos con la oposición para elegir el nuevo consejo de administración, un organismo que no podrá tomar posesión hasta que se complete la liquidación de la actual RTVV, algo que llevará unos meses.
Los grupos de la oposición, que hicieron frente común contra el modelo de RTVV impuesto finalmente por el PP gracias a su mayoría absoluta, están barajando un acuerdo que pasaría por mantener la mayoría popular en el nuevo consejo, con cinco de sus integrantes, contando al nuevo director general, frente a cuatro de la izquierda, en la que el PSPV-PSOE debería ceder parte de su representación proporcional para dar entrada a Compromís y a Esquerra Unida. De esta forma, el PSPV-PSOE propondría dos consejeros y Compromís y Esquerra Unida un consejero cada uno. La nueva ley prevé que sean personas independientes, de perfil profesional, pero también prevé que, si no hay acuerdo en una primera votación que exigiría los tres quintos de los votos de las Cortes Valencianas, pueda escogerse el nuevo consejo por mayoría absoluta, es decir, solo con los votos del PP.
En la oposición parece primar el criterio de que hay que participar en el consejo de RTVV para fiscalizar su funcionamiento frente al de boicotear, rechazando participar en el organismo ya que no lo puede bloquear, el modelo privatizador y poco democrático impuesto por el PP. El partido en el poder, a su vez, quiere maquillar, pactando el consejo, la masacre laboral que se prepara a ejecutar.
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