El despido fue declarado improcedente, pero al reclamar el trabajador los salarios adeudados, el empresario manipuló unos recibos que presentó en el juzgado para evitar el pago. El engaño fue descubierto y fue denunciado. Ahora, tras admitir los hechos, ha sido condenado a seis meses de cárcel por un delito de estafa procesal en grado de tentativa y al pago de una multa de 540 euros.
La sentencia, que ha sido dictada de conformidad por las partes, explica que el trabajador que era repartidor de la empresa fue despedido en 2001. El juzgado de lo social número 8 de la capital declaró el despido improcedentes y declaró la responsabilidad del empresario. Posteriormente el trabajador interpuso otra demanda en el juzgado en reclamación de una cantidad por los salarios que le debían, ya que recibía menos dinero del que legalmente le correspondía.
La vista oral se celebró cinco años después del despido. En la misma el empresario, «a sabiendas de su falsedad» presentó unos recibos manipulados en los que de forma intencionada habían sido alteradas las cantidades de dinero, con los que pretendía acreditar en el juicio las sumas recibidas por el empleado. En los recibos hizo constar cantidades muy superiores a las realmente percibidas por el trabajador despedido, que ya en su momento había firmado dichos documentos. El procedimiento laboral fue paralizado cuando se descubrió el intento de engaño y se activó la vía penal, que ahora ha resulto condenar al empresario como autor de un delito de estafa procesal.
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