Que una pequeña empresa eche el cierre y que deje a su plantilla con nóminas impagadas no es, lamentablemente, una noticia de alcance en estos tiempos. Pese a todo, la situación sigue siendo llamativa cuando el que las protagoniza no es un particular, sino un Ayuntamiento que en años de bonanza apostó por negocios ajenos a la administración local. Puerto Gelves, al borde de la quiebra, es un caso conocido. El nuevo ejemplo ha saltado a la palestra en Estepa, donde en octubre, el nuevo gobierno local (PA-PP) decidió cerrar el complejo Manantial de Roya, un hotel rural de nueve habitaciones, cuatro casas rurales, restaurante y un centro de interpretación de la Sierra de los Tajillos tirando a salón de celebraciones levantados en suelo y con dinero públicos. Desde su apertura en 2001 ha sido gestionado por una empresa cien por cien municipal, Estepa-Turismo SLU. La decena de trabajadores -a los últimos tres se les comunicó este mes el despido por cierre- no han cobrado desde marzo. Los impagos comenzaron con el anterior gobierno socialista. Durante meses, han pedido que se les despidiera para acceder al paro o buscar otro empleo. Cada lunes, se concentran ante el Consistorio para protestar. En su denuncia, insisten en la diferencia que se hace entre ellos, por depender de una sociedad mercantil de capital público, y el resto del personal municipal, que sí ha cobrado. Recuerdan que muchas personas que han trabajado en Roya han estado contratados a través de otros programas municipales.

Según la nueva delegada de Turismo, María Remedios Olmedo (PP), el complejo ha sido deficitario casi desde el principio y la decisión de cerrar se tomó para evitar que la deuda siguiera creciendo. El principal cliente del hotel era el Ayuntamiento, que no abonaba sus facturas. Pese a todo, insiste en que se ha hecho un esfuerzo por mantener las instalaciones -a poco más de tres kilómetros del centro de Estepa- abiertas. De ahí la resistencia a despedir al personal. Pero las deudas con proveedores, que exigían cobrar antes de suministrar, lo han imposibilitado. La empresa acumulaba deudas con la Seguridad Social, que se liquidaron, y tiene una póliza de crédito de 75.000 euros que está vencida. También había ciertos problemas por los horarios del personal y las necesidades de un establecimiento turístico y hostelero. La intención ahora es privatizarlo, es decir, sacar un concurso para ceder la gestión a algún profesional del sector. Aunque el proceso va lento, en tanto que, según la edil, hay que aclarar muchas cosas y los servicios jurídicos del Ayuntamiento están «colapsados», por la cantidad de problemas a los deben hacer frente. La intención es poder reabrirlo para la primavera y buscar, cuanto antes, una solución para pagar a la plantilla. Pero no hay fechas. Se ha intentando sin éxito un crédito. «He dado orden de que es prioritario, pero se está estudiando cómo», asegura la edil.

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