Trabajo impuso en un año multas por valor de 6,2 millones a empresarios pontevedreses


Trabajadores con condiciones laborales que no se ajustan a sus contratos (en horarios, en salarios, en categoría profesional, en requisitos…) o que directamente no los tienen; el pago de emolumentos “en negro”, reiterados incumplimientos de la legislación en materia de seguridad y salud laboral, irregularidades en las contrataciones que anulan posibles bonificaciones o empleados de origen extranjero “sin papeles” constituyen las principales infracciones detectadas y penalizadas por la Inspección de Trabajo de Pontevedra, cuyos técnicos el pasado año realizaron 31.587 intervenciones en las empresas radicadas en la provincia de las que se derivaron 1.793 actas de infracción.
El balance anual 2011 hecho público por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recoge que por estas infracciones se impusieron y cobraron sanciones económicas (multas) por valor de 6,2 millones de euros. Son sanciones definitivas, aclaran fuentes de la administración, que precisamente justifican el retraso en la publicación de sus series estadísticas por el hecho de que son expedientes sancionadores recurribles y esperan a tener acabados los recorridos de apelación antes de informar.
De acuerdo con los datos aportados por la Inspección, las irregularidades detectadas en el mercado laboral pontevedrés implicaron de manera directa a 5.708 trabajadores y además obligaron a dar de alta en la Seguridad Social a otros 1.418.
Gran parte de la labor fiscalizadora de los técnicos de Trabajo (una quincena de inspectores y una veintena de subinspectores en la provincia) es anunciada, un modo de proceder que, en opinión de sindicatos como CCOO y UGT, atempera la realidad ya que “da margen para esconder y corregir anomalías”.
“La situación se ha complicado con la crisis ya que hay más resistencia a denunciar abusos e irregularidades y una mayor predisposición para aceptar la economía y el empleo sumergidos” señala el secretario comarcal de UGT, Ramón Vidal, quien al igual que su homólogo de CC OO, José Luis García Pedrosa, reivindica más medios y más plantilla para la Inspección de Trabajo de Pontevedra. “Si los recortes afectan a los controladores que podemos esperar” coinciden en reflexionar ambos dirigentes sindicales.
La crisis económica y su derivada de cierres de empresas y negocios explica en buena medida el descenso, respecto año anterior, en el número de intervenciones realizadas por la Inspección de Trabajo, fueron 3.814 actuaciones menos; en la cantidad de infracciones denunciadas y penalizadas, 404 menos y en el valor de las multas, alrededor de 200.000 euros menos.
Sin embargo a la hora de contabilizar los trabajadores directamente afectados por las irregularidades laborales en el 2011 fueron 452 más al pasar de 5.256 en el 2010 a los 5.708 del pasado año. Y en este aumento también tiene que ver el cierre de empresas y negocios ya que la crisis se llevó por delante básicamente las de mediano y pequeño tamaño y en consecuencia las potenciales destinatarias de las actas de infracción del último año son básicamente empresas grandes lo que implica que las irregularidades pueden afectar a más personas en cada centro de trabajo.
Áreas de actuación
El ámbito de la seguridad y salud laboral es el que registra el mayor volumen de trabajadores afectados por irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo de Pontevedra. Aquí se enmarcan 2.247 de lo 5.708 implicados en los expedientes sancionadores y también en este ámbito los empresarios multados abonan la mayor cantidad de dinero en multas: 2,2 millones de los 6,2 recaudados durante el año 2011.
Le sigue por volumen de trabajadores afectados el área de relaciones laborales, es decir, el terreno de la inadecuación de las condiciones de trabajo reales a las firmadas. En este ámbito los trabajadores incluidos en las actas de infracción fueron 1.921 aunque las irregularidades detectadas, tipificadas de menores, se tradujeron en multas por valor de “solo” 832.864 euros.
Si se toma como referencia el volumen de dinero recaudado es el ámbito de la Seguridad Social (altas irregulares, bonificaciones fraudulentas,…) el que se posiciona en segundo lugar con un ingreso de casi 1,5 millones de euros a las arcas públicas. En este ámbito, sin embargo, la recaudación es mucho mayor ya que hay que sumar otros 17,8 millones de euros por la ejecución de expedientes liquidatorios.

Inspección obligó a regularizar un total de 1.418 empleos sumergidos
El afloramiento y regularización del empleo sumergido es uno de los objetivos prioritarios de la Inspección de Trabajo por su doble condición de abuso laboral y fraude a las arcas del Estado. En Pontevedra esta lucha se tradujo, durante el pasado año, en la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a 1.418 trabajadores “en negro” lo que derivó también en sanciones económicas a los empleadores que tuvieron a su cargo empleados en situación irregular.
La hostelería, siguiendo las directrices de la Dirección General, se situó en el centro de esta labor de desenmascaramiento de empleo sumergido pero no fue el único ámbito en el que se centraron los inspectores pontevedreses. Trabajos de reparación y mantenimiento tanto de inmebles, viviendas y establecimientos de todo tipo (obras menores, electricidad, fontanería…) fueron objeto de control, al igual que servicios varios (de limpieza, de entrega, de carga y descarga, de cuidado de personas, etc.).

Sanciones por valor de 1,1 millones por tener inmigrantes “sin papeles”
El control policíal de la inmigración irregular y la fiscalización del empleo sumergido van, en ocasiones, de la mano y de hecho funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de Trabajo planifican redadas conjuntas para intervenir en establecimientos hosteleros y ocio y sobre todo en clubes de alterne.
De acuerdo con el último balance anual de la Inspección de Trabajo de Pontevedraa, en 2011 fueron localizados123 extranjeros “sin papeles” trabajando en la provincia, la práctica totalidad mujeres y la mayoría extracomunitarias.
La detección de trabajadores extranjeros “sin papeles” conlleva multas para el empleador que, en el caso de las 123 actas de infracción leventadas en Pontevedra durante 2011, ascendieron a cerca de 1,2 millones de euros y en el caso de que el inmigrante se encuentre en situación irregular (sin permiso de residencia o con la visa de turista caducada) es expulsado a su país de origen.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/06/15/trabajo-impuso-ano-multas-62-millones-empresarios-pontevedreses/657207.html

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