Trabajo regulariza 3.522 empleos en «negro» en las Islas Canarias en lo que va de año


Un total de 3.522 empleados han dejado de formar parte de la economía sumergida en el Archipiélago en lo que va de año, gracias a la actuación de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Canarias, según datos facilitados por la jefa del servicio en Santa Cruz de Tenerife, Ana Acosta Soler.

Esta cifra, supone «un gran avance, teniendo en cuenta que supera en 123 el número de regularizaciones conseguidas en todo el ejercicio pasado, en el que se llegó hasta las 3.399», puntualiza.

En el desglose por provincias, el mayor peso de los «trabajadores en negro» dados de alta en la Seguridad Social como consecuencia de la actuación de la Inspección recae en Santa Cruz de Tenerife, que logró aflorar de la economía sumergida a 2.539 empleados (1.983 hombres y 556 mujeres), lo que supone un 76% del cómputo global de las Islas.

De hecho, la provincia tinerfeña es en la que más puestos de trabajo en situación irregular se han detectando en los últimos tiempos por la Inspección, al acumular en el primer trimestre del año un 10% de los más de 17.000 contabilizados en el contexto nacional.

Esta circunstancia es un reflejo del arraigo de este tipo de prácticas en la economía local, cuyo impacto se calcula en torno al 30% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago, según precisa Clodoaldo Corbella, miembro del Gabinete de Economía Sumergida de CCOO-Canarias. No obstante, Acosta resalta que también es fruto de una importante actividad de los servicios de inspección, que en los últimos años se ha intensificado considerablemente.

Precisamente, el número de órdenes de servicio finalizadas desde enero hasta el cierre de agosto en toda la Comunidad Autónoma es de 17.027 frente a las 13.831 tramitadas en el acumulado de 2010. Asimismo, el número de requerimientos a empresas efectuadas por la Inspección en los ocho primeros meses del año fue de 6.921, mientras que en el ejercicio pasado se computaron 5.563.

En el capítulo de infracciones, se levantaron 3.384 actas, un 24% más que en todo el curso anterior (2.566), que comportaron sanciones por una cuantía de 7,5 millones de euros, frente a los 10.298.515 euros vinculados a las actuaciones realizadas en lo que va de año, de los que 5.072.422 corresponden a Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, el importe de las liquidaciones a la Seguridad Social por otras acciones fraudulentas en material laboral como algunos conceptos de la nómina que no se cotizan, entre otros, superó los 35 millones al cierre de agosto, mientras que en 2010 la cantidad fue de 28.371.100 euros. Sobre este asunto, es preciso recordar que el Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de abril, ha incrementado el importe de las sanciones a las empresas, que, para casos como el de falta de alta de un trabajador, se ha pasado de un mínimo de 626 euros a 3.126, aunque podrían superar los 187.000 euros en función de la gravedad.

Sin embargo, Acosta enfatiza que «las campañas que ponemos en marcha para combatir la economía sumergida y otras cuestiones como prevención de riesgos laborales, etcétera, no tienen un objetivo recaudatorio». No en vano, «se podría decir que el hecho de tener que llegar a la sanción, en algunas ocasiones podría considerarse como un fracaso, dado que lo que realmente pretendemos es que se actúe conforme a lo estipulado en la ley».

En otro orden de cosas, al margen del empleo sumergido aflorado, los requerimientos de la Inspección de Trabajo ha propiciado que 1.609 contratos que constaban como temporales de manera irregular se transformaran en indefinidos en toda Canarias, el 60% de los cuales fueron en las islas occidentales.

Con la intención de combatir la economía irregular, a partir de este mes se activarán una serie de campañas, que se prolongarán hasta diciembre, enfocadas sobre todo a los sectores más propensos a este tipo de prácticas en las Islas, como la agricultura, el transporte, la hostelería y el comercio.

La jefa de la Inspección de Santa Cruz de Tenerife explica que «para ello, se van a crear grupos de inspectores y subinspectores que irán acompañados en las visitas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en aquellas actuaciones que lo requieran, como las redadas nocturnas.

EL DATO

Una «prioridad» para el Gobierno

La directora general de Trabajo del Ejecutivo autonómico, Gloria Gutiérrez, aseveró que una de sus prioridades es luchar contra este tipo de prácticas, por lo que su intención es «poner a trabajar la Mesa de Concertación Social sobre Economía Irregular junto con los sindicatos». No obstante, apostilla que «no se trata de ir a por los empresarios, sino de defender a los empleados ante una vulneración de sus derechos laborales y al resto de empresas que si se ajustan a la legalidad y, por tanto, sufren la competencia desleal de las infractoras».

Por su parte, Clodoaldo Corbella, de CCOO, resalta que el principal obstáculo para erradicar la economía sumergida es «la limitación en materia de personal de la Inspección de Trabajo» que, en estos momentos, cuenta con 21 inspectores y 17 subinspectores para toda la provincia tinerfeña. Además, se da la circunstancia de que La Gomera y El Hierro no disponen de ninguno de ellos de manera permanente y La Palma solo tiene asignado un inspector y un subinspector.

http://www.eldia.es/2011-09-04/economia/1-Trabajo-regulariza-empleos-negro-Islas-va-ano.htm

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