La Sala, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, estima así el recurso presentado por esta trabajadora contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número 7 en julio pasado, que rechazó su demanda y declaró procedente el despido.
Según el juez de lo Social, el despido estaba ajustado a la legalidad al considerar que se habían probado actuaciones irregulares de la interventora que permitían justificar el cese.
Así, señalaba que la demandante había participado en prácticas contables no permitidas y en simulación de operaciones, así como en facilitar fondos propios o de terceras personas ajenos al banco.
La Sala de lo Social, al estimar el recurso presentado por la interventora contra la sentencia anterior, señala que «el conjunto de los hechos que se declaran probados no impresionan por su gravedad, ya que no existe constancia de que la interventora o el director de la sucursal intentaran conseguir algún beneficio económico o de otro tipo a través de las actuaciones que en ellos se describen».
Para el tribunal ese conjunto de hechos «tienen más bien la apariencia de ejecución de una política comercial tendente a conseguir o fidelizar clientela».
Al analizar en concreto una de las presuntas infracciones cometidas, consistente en que el director de la sucursal prestó 800 euros a un cliente cuya cuenta corriente se encontraba con un descubierto de 711 euros para evitar que incurriera en mora, «esta actuación, con respecto a la demandante, no se puede encuadrar en la transgresión de la buena fe contractual».
Al calificar el despido de improcedente, el TSJ condena al banco a readmitir a esta trabajadora «en las mismas condiciones vigentes en la fecha del mismo» o a dar por extinguida la relación laboral mediante el pago de una indemnización de 23.600 euros.
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