UGT ha denunciado hoy que Transaltozano, empresa concesionaria del transporte sanitario urgente del Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), debe una media de 1.500 euros a cada trabajador en atrasos del convenio y, por ello, ha vuelto pedir que la Administración rescinda el contrato.
El secretario general de la Federación Regional de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT Castilla-La Mancha, Manuel Sobrino, ha explicado en rueda de prensa que Transaltozano es la única de las seis empresas concesionarias que no pagan en tiempo y forma.
Ante «la mala costumbre de retener los salarios o no pagar hasta que los trabajadores empiezan a movilizarse», Sobrino ha reclamado que se garantice el pago regular de las nóminas y ha confirmado que si el próximo 5 de noviembre no han percibido los emolumentos se van a movilizar los teóricos 1.113 trabajadores de la empresa «hasta conseguir que esta empresa deje de trabajar en el transporte».
Sobrino ha hablado de comenzar con una manifestación a nivel regional, en Toledo, sí el próximo día 5, fecha tope de los pagos, no están ingresadas las nóminas y después se sucederían las protestas según decidieran los respectivos Comités de Empresa.
Y ha vuelto a exigir la rescisión del contrato de concesión del servicio porque, junto al retraso en el pago de las nóminas, debe en atrasos una media de 1.500 por trabajador, tampoco paga las dietas y las horas de presencia, no obstante, cuando las abona, lo hace como dietas para no tener que cotizar a la Seguridad Social.
Sobrino no ha olvidado que tampoco abona las horas de más que se realizan al año y que en muchos de los turnos de 24 horas se cubren con tres personas en lugar de las cuatro que exige el convenio, «y cuando se niegan la empresa los boicotea», ha lamentado.
«Para colmo, cuando decide no pagar lo hace sin previo aviso, sin notificar y engañando» por lo que «no podemos admitir que un sistema concesional no cumpla las obligaciones con los trabajadores».
Ha desvelado que los beneficios cuantificables de la empresa son un 6 por ciento de 79 millones de euros fijados en el concurso, que se produce cada 18 meses -el primero data de noviembre de 2008-, y «nuestro enemigo es la empresa no la Administración regional» que es solo «responsable subsidiaria de los pagos que la empresa deba».
En todo caso, sí ha pedido al Gobierno regional «más control» de las firmas concesionarias del transporte sanitario, y que «vigile la subcontratación y los abonos de los deberes fiscales», porque en la anterior concesión la empresa Alerta no abono el IRPF «y al hacer la declaración de la renta Hacienda no tenía constancia de ello».
Sobre una supuesta denuncia de Transaltozano, Sobrino ha apuntado que «seguro que nos vamos a ver en el Juzgado» porque, ha avanzado, «vamos a denunciar absolutamente todos y cada uno de los incumplimientos», como ya ha sucedido ante la Inspección de Trabajo por fraude en el pago a la Seguridad Social.
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