El secretario general de la Federación de Metal de UGT, Lorenzo Ríos, denunció ayer públicamente la «persecución sindical» que sufren los dos delegados que su sindicato tiene en la empresa Comantur, dedicada al mantenimiento de parques eólicos, con sede en Cárcar.
Estos dos delegados, junto con un tercero de ELA, que forman desde hace tres años la representación laboral de esta empresa, ahora con 73 trabajadores, podrían ser recusados (desautorizados) este sábado por la plantilla en una asamblea que, según Ríos, «no tiene validez ni jurídica, ni legal, ni ética» puesto que se trata de un «procedimiento viciado» que ha sido auspiciado por la dirección de la empresa mediante «presiones y amenazas directa o indirectamente» a los trabajadores para que firmasen la petición de revocación.
Los delegados ugetistas, David Fernández García y José Ángel Fernández Ruiz, afirmaron que el proceso para recursarles junto al compañero de ELA ha sido «instado» por la empresa «en conversaciones» con otro sindicato, que no citaron, con la pretensión de «tener una representación sindical con la que tengan cierta afinidad».
La asamblea, explicaron, ha sido solicitada por 48 trabajadores de la empresa, de los que 25 son eventuales y el resto, personal «con relación directa con la dirección o desplazados». Es decir, plantilla cuyo puesto y domicilio está en alguna de las otras sedes que el grupo tiene en España (18 personas) o en Italia (11 personas) y a quienes la empresa, según los ugetistas, presiona con «traer» a un puesto en Cárcar «sin salir de la nave» y sin cobrar dietas ni desplazamiento a los parques.
El origen de las desavenencias, explicaron, estriba en la negativa de estos delegados a firmar un acuerdo, tal como pretendía la dirección, donde las horas de desplazamiento a los parques, en toda España, no contaran como horas de trabajo. La empresa abrió entonces un procedimiento de novación contractual, cambiando las condiciones a título individual de los 48 trabajadores citados.Y «discriminando» a los queno firmaron el cambio contractual , explican. Especialmenta alos delegados, a quienes se «ha quitado herramientas de trabajo» como móviles y walkies, «poniendo en riesgo su seguridad laboral», dijo Ríos, y se les emplea en barrer la nave o se les envía a casa al cuarto de hora de llegar a la planta, aduciendo que no hay trabajo ese día.
Según Ríos, «la empresa quiere borrar del mapa» a los representantes sindicales «para imponer unilateralmente condiciones de trabajo». Afirmó que «intentar controlar una representación sindical por parte del empresario es algo que vulnera los principios constitucionales de negociación colectiva y libre ejercicio de la actividad sindical» y está «expresamente tipificado como comportamiento lesivo» por lo que habrá denuncias judiciales, además de la ya cursada ante la Inspección de Trabajo.
«En un momento en que los delegados pueden descolgarse del convenio sectorial en las empresas, habrá que darles garantías de un mínimo de libertad e igualdad real ante el empresario» advirtió.
El temor de los delegados es que, si prospera la recusación, la empresa los despida, ya que pierden la inmunidad que ahora tienen como representantes laborales (les queda un año de mandato y otro más de inmunidad ante el despido). No obstante, Ríos recordó que «la ley no permite recusar a un comité mientras haya una negociación de convenio abierta» como ocurre en este momento con el convenio del Metal.
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