Cree que se han vulnerado derechos fundamentales por impedir la acción sindical a un delegado en la Junta de Personal de la AGE. UGT denuncia que al delegado de la Junta de Personal de Funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), dependiente de la Delegación del Gobierno, se le “deniega de manera sistemática hacer uso de sus derechos como representante de los funcionarios”.
Señala el sindicato que el pasado 25 de mayo se acordó “por unanimidad” de los delegados de la Junta de Personal emitir un escrito manifestando su “enérgica protesta” por vulneración de derechos. También se denuncia la “actitud represiva” de Rafael Haro Rosa, delegado del Instituto Social de las Fuerzas Armadas de Melilla (ISFAS). UGT acusa a Haro Rosa de impedir hacer uso de los derechos inherentes a los representantes del colectivo de funcionarios de la AGE, vulnerando las garantías y derechos de la función representativa recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Además, acusan al delegado del ISFAS de discriminar a ese representante sindical tanto en su promoción profesional como en aspectos económicos. Según el sindicato, el delegado del ISFAS asegura que “se le ha dejado de conceder por el ejercicio de su cargo de representante de los trabajadores”.
El sindicato, que solicita la intervención del delegado del Gobierno y del comandante general, afirma que la situación “ha sobrepasado todo lo inimaginable”. UGT asegura que se ha facilitado “un correo electrónico enviado a todos los trabajadores del ISFAS de Melilla, información con un contenido vejatorio y de descrédito hacia este trabajador”.
Afirma UGT que no va “a permitir que se sigan vulnerando los derechos de este miembro de la Junta de Personal y por extensión a todos los trabajadores que representa”. Por este motivo, la defensa de este empleado se hará “utilizando todas las vías a nuestro alcance para denunciar este hecho y otros similares”, afirma el sindicato en un comunicado.
Concluye UGT reiterando la petición a la Delegación del Gobierno y al comandante general de Melilla de que tomen “las medidas oportunas para salvaguardar el buen nombre de la Institución Militar, que no merece ser representada por individuos de tal talante”. Y reclama que se restituyan los derechos y el buen nombre del trabajador.
En relación al supuesto responsable de la vulneración de derechos fundamentales de libertad sindical, Rafael Haro Rosa, el sindicato señala que “no se nombra su graduación militar por respeto a dicha institución”. El sindicato le acusa de ignorar “lo recogido en la Ley 07/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, vulnerando el artículo 41 sobre garantías y derechos de la función representativa”, además de someter al delegado de la Junta de Personal a discriminación profesional y económica.
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