Un despido improcedente costará 51.000 euros a la Universidad de Oviedo


La resolución de los pleitos derivados del cierre de la Escuela de Relaciones Laborales de Gijón ha comenzado a arrojar las primeras sentencias judiciales favorables al personal del centro. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha resuelto a favor de una profesora que demandó tanto a la Universidad de Oviedo como al Ayuntamiento de Gijón como máximo responsable del patronato que regía el centro hasta su cierre, al término del curso 2010-11, por considerar que el expediente de regulación de empleo iniciado entonces resultaba improcedente. Por este motivo, el alto tribunal considera fundada la demanda interpuesta por la denunciante, condenando solidariamente tanto a la Universidad como al Ayuntamiento para que opten por readmitir a la trabajadora o se le indemnice con la cantidad de 51.697 euros, opción esta última más viable ante la imposibilidad de que la mujer pueda reincorporarse a un centro de trabajo ya extinto.

La sentencia, dictada por la magistrada Paloma Gutiérrez Campos, considera fundado que la demandante prestaba sus servicios para este centro en virtud de un contrato de trabajo indefinido a tiempo completo, con un salario diario, a efectos de indemnización de 53,02 euros. El caso, remitido desde el Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, arranca con el despido, con fecha de 31 de agosto de 2011, de toda la plantilla de este centro universitario. El TSJA ha desestimado, además, el recurso de súplica interpuesto por la Universidad de Oviedo contra la primera sentencia favorable a la docente.

Si al inicio del proceso de extinción de la Escuela se reservó una cuantía de 211.000 euros para pagar las indemnizaciones a los trabajadores -que se suponía iban a ser pactadas sin problemas- el coste de estas remuneraciones se sitúa en este momento por encima del millón de euros, tras el resultado de varias sentencias judiciales, como la de la docente ahora admitida por el TSJA, que dieron la razón a los trabajadores. El primer expediente de regulación de empleo (ERE) tampoco fue aceptado por la autoridad laboral.

Los quince trabajadores que formaban parte de la plantilla de la Escuela de Relaciones Laborales de Gijón en el momento en que se hizo efectivo el cierre del centro emprendieron diferentes procesos judiciales para frenar la regulación del personal y exigir una indemnización. Su desaparición es fruto del nuevo mapa de centros que estableció la Universidad de Oviedo con motivo de la adaptación al Espacio Europeo de la Educación Superior. Una de las premisas en ese proceso era evitar la duplicidad de centros y ante la oferta de estudios de Relaciones Laborales en Oviedo y Gijón se optó por concentrar toda la formación en este ámbito en la capital del Principado.

http://www.lne.es/gijon/2012/10/13/despido-improcedente-costara-51000-euros-universidad-oviedo/1311244.html

 

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